El Gobierno nacional endureció su postura frente al Grupo Techint en el marco de la polémica por la licitación para la provisión de caños del nuevo gasoducto de Vaca Muerta, una obra clave para el desarrollo energético del país. El conflicto se desató luego de que la empresa liderada por Paolo Rocca perdiera un contrato millonario frente a una firma de origen indio, lo que abrió un fuerte debate sobre apertura de importaciones, competencia desleal y el impacto en la industria nacional.
Desde Mar del Plata, donde se encontraba realizando actividades oficiales, el presidente Javier Milei intervino de lleno en la discusión y respaldó la decisión de avanzar con la oferta extranjera, pese a los cuestionamientos del sector industrial.
Una licitación internacional millonaria
La controversia comenzó cuando el consorcio energético Southern Energy lanzó una licitación internacional para la compra de 480 kilómetros de tubos, destinados a transportar gas desde Vaca Muerta hasta el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro.
En total, se presentaron 15 ofertas de proveedores nacionales e internacionales, provenientes de países como Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía. Finalmente, el contrato fue adjudicado a la empresa india Welspun, que presentó una propuesta por USD 203 millones, con mayor flexibilidad en las condiciones de pago y garantías.
Según trascendió, la oferta ganadora fue un 40% más barata que la presentada por Tenaris, la filial de Techint, que había cotizado cerca de USD 90 millones más por el mismo suministro.
El reclamo de Techint y la respuesta oficial
Desde el grupo que encabeza Paolo Rocca dejaron trascender que analizaban realizar una presentación judicial al considerar que existió dumping o competencia desleal, ya que Welspun utiliza chapa de origen chino para fabricar los tubos, lo que le permitiría reducir costos de producción.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue tajante. Fuentes cercanas al presidente Milei señalaron que “no vamos a pagar más caros los caños”, y aclararon que, en caso de presentarse una denuncia, será evaluada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).
El respaldo de Milei y Sturzenegger
El propio presidente Milei se expresó sobre el tema en su cuenta de X, donde apuntó contra sectores que cuestionaron la apertura de importaciones:
“Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…”.
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la adjudicación y sostuvo que aceptar una oferta más cara solo para favorecer a un proveedor local hubiera tenido consecuencias negativas.
“La empresa de Rocca ofreció los caños 40% más caros. Eso implicaba menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, afirmó.
Además, rechazó el pedido de Techint de contar con un derecho de preferencia para igualar la oferta, al considerar que esa práctica desincentiva la competencia en futuras licitaciones.
La postura de la UIA y el debate industrial
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) evitó pronunciamientos públicos directos, aunque fuentes cercanas a la entidad señalaron que se trata de “un conflicto entre privados”, dado que la obra está a cargo de un consorcio empresarial y no del Estado.
No obstante, advirtieron que la situación debe resolverse con rapidez y responsabilidad, al tratarse de una obra estratégica para la competitividad energética del país y la generación de empleo.
Desde la UIA remarcaron que la industria nacional continúa enfrentando distorsiones estructurales como alta presión tributaria, costos logísticos elevados, infraestructura deficiente y rigideces laborales, factores que afectan su capacidad para competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras.
Un conflicto abierto
Mientras el Gobierno mantiene su respaldo a la adjudicación a Welspun y descarta cambios en el contrato, el conflicto sigue abierto y a la espera de una eventual presentación formal ante la CNCE, que dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio.
En paralelo, el debate sobre el equilibrio entre apertura económica, defensa de la industria nacional y competitividad global vuelve a ocupar el centro de la escena, con Vaca Muerta como telón de fondo y un desenlace que aún permanece incierto.
