El presidente Javier Milei oficializó este miércoles el Decreto 84/2026. La norma reglamenta la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, cumpliendo con una orden inmediata de la Justicia. El fallo del Juzgado Federal de Campana obligó al Ejecutivo a poner en marcha el nuevo esquema de pensiones antes del 4 de febrero.
El conflicto nació en septiembre de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.793. Aunque el Gobierno intentó frenarla mediante un veto por falta de fondos, la Cámara de Diputados insistió con su aplicación. Un amparo colectivo presentado en representación de dos menores destrabó finalmente la suspensión que pesaba sobre la ley.
Los cambios en las pensiones no contributivas
La nueva reglamentación establece los requisitos de acceso y criterios de evaluación para el sector. El régimen ahora se denomina Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este cambio implica que el Estado revisará miles de prestaciones vigentes bajo un nuevo plan de auditorías periódicas.
La política de discapacidad ahora depende directamente del Ministerio de Salud. La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de ejecutar los controles y articular con el Consejo Federal. El decreto aclara que todas las acciones deberán ajustarse a los recursos presupuestarios disponibles, reconociendo las restricciones fiscales actuales.
Nuevas autoridades y centralización
Junto con la reglamentación, el Gobierno oficializó a los funcionarios que liderarán el área:
- Alejandro Alberto Vilches: Nombrado Secretario Nacional de Discapacidad.
- Gianfranco Scigliano: Estará al frente de la Subsecretaría de Regulación y Certificación.
- Esteban Rafael Giler: Asumió como Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.
El texto del decreto lleva las firmas de Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger. Un dato curioso es que la norma aclara que su publicación no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial. El Gobierno sostiene que reglamenta la ley para evitar sanciones, pero mantiene sus reservas sobre la validez de la sentencia original de Campana.
