Bajo el argumento de «suavizar» el impacto de las facturas en invierno, el Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes el Decreto 26/2026, una medida que elimina las variaciones estacionales del gas natural. Con la creación de un Precio Anual Uniforme, el Gobierno busca terminar con el esquema de mercado para pasar a una suerte de tarifa plana controlada, una decisión que genera dudas sobre la sostenibilidad del sistema y el costo real que terminarán pagando los usuarios.
Un parche para ocultar los picos de consumo
La nueva normativa rompe con el funcionamiento del mercado del gas tal como se conocía. Al eliminar las variaciones que hacían que el gas fuera más costoso en invierno, el Estado asume ahora la potestad de fijar un precio promedio anual. Si bien se vende como un alivio para los meses de frío, en la práctica representa una mayor discrecionalidad por parte de la Secretaría de Energía, que podrá determinar subsidios por encima o por debajo del precio de mercado según sus propias necesidades fiscales.
Este esquema se enmarca en los nuevos Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un sistema que otorga al Estado un control total sobre quién recibe la ayuda y en qué medida, alejándose de criterios universales y dejando a miles de hogares en una zona gris de incertidumbre tarifaria.
El riesgo de la distorsión de precios
Aunque el decreto 26/2026, publicado en el Boletín Oficial, asegura que los productores seguirán cobrando lo pactado en el Plan Gas.Ar, la medida instala una nueva distorsión en la cadena de pagos. Al actuar como «amortiguador» de las diferencias de precio entre el verano y el invierno, el Estado Nacional incrementa su intervención en el sector hidrocarburífero, lo que en el pasado ha derivado en deudas acumuladas y crisis de desabastecimiento.
Desde sectores críticos advierten que esta «uniformidad» de precios es, en realidad, una forma de licuar los aumentos y evitar el costo político de las facturas impagables en temporada alta. La medida rige desde hoy, pero el precio final sigue siendo un enigma que la autoridad de aplicación definirá a su criterio, dejando a los argentinos a la espera de una letra chica que suele ser menos amigable que los anuncios oficiales.
