El presidente Javier Milei avanzó en una compra estratégica para las Fuerzas Armadas. Se trata de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas para Prefectura. La operación se acordó tras un encuentro con el mandatario francés, Emmanuel Macron. El costo total ronda los u$s2.000 millones.
Sin embargo, la empresa proveedora genera fuertes polémicas. Naval Group, la fábrica francesa encargada de la construcción, acumula graves denuncias internacionales. Según investigaciones globales, la firma lideró rankings de corrupción en la industria armamentística.
Un historial de sobornos en el mundo
Naval Group tiene antecedentes negativos desde finales del siglo XX. Investigaciones en Pakistán y Malasia señalan pagos ilegales a funcionarios. En 2017, la empresa encabezó el «Ranking de Corrupción Militar» de la World Peace Foundation.
Uno de los casos más cercanos ocurrió en Brasil. La justicia investigó sobornos en la venta de cinco submarinos dentro del caso Lava Jato. Según los fiscales, la empresa utilizaba sociedades pantalla y testaferros para ocultar los pagos.
Las críticas a la operación argentina
La compra genera malestar en la industria naval nacional. Muchos especialistas cuestionan que no se de prioridad a los astilleros locales. Además, la Auditoría General de la Nación ya puso la lupa sobre compras directas similares realizadas anteriormente.
La fuerza submarina argentina se encuentra inactiva desde 2017. El hundimiento del ARA San Juan dejó un vacío que el Gobierno busca llenar ahora. Sin embargo, la elección de este proveedor francés reabre el debate sobre la transparencia en los contratos del Estado.
Falta de respuestas oficiales
Hasta el momento, las autoridades no explicaron los motivos de la elección de este astillero. La ministra de Seguridad y sus colaboradores no respondieron consultas sobre posibles licitaciones direccionadas.
Mientras tanto, Argentina ya aprobó préstamos internacionales para otras compras directas de helicópteros navales. La sombra de los «gastos comerciales excepcionales» de la firma francesa sigue preocupando a los sectores que exigen mayor control público.
