Mientras el Gobierno nacional destaca el superávit fiscal y su alineamiento con potencias extranjeras, en las provincias la situación económica es mucho más compleja. En Tucumán, la industria textil atraviesa una fuerte caída en su nivel de producción, afectada por la apertura de importaciones, mientras que el endeudamiento de los hogares continúa creciendo al ritmo de la inflación.
En este escenario, Jaldo y los demás gobernadores anticiparon que no están dispuestos a resignar recursos provinciales sin una compensación concreta. El mensaje será transmitido al ministro del Interior, Diego Santilli, quien sigue de cerca las conversaciones y actúa como nexo con la Casa Rosada.
El respaldo legal del reclamo: una deuda que ronda los $400.000 millones
Para fortalecer el reclamo político con sustento técnico y legal, el Gobierno de Tucumán avanzó esta semana en la formalización contable de las deudas que la Nación mantiene con la provincia.
A través del Decreto N° 3.923/3, firmado por el gobernador y publicado en el Boletín Oficial, se instruyó al Ministerio de Economía y Producción a consolidar los créditos que quedaron excluidos del régimen de compensación acordado en septiembre pasado. Según cifras oficiales, el monto total asciende a unos $400.000 millones.
La deuda incluye no solo los gastos sanitarios vinculados al PAMI, sino también la quita de subsidios al transporte y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), partidas que la provincia debió cubrir con recursos propios para evitar conflictos sociales y gremiales.
Desde el Ejecutivo tucumano señalaron que la medida apunta a “resguardar los intereses fiscales de Tucumán” y dejar asentado formalmente el incumplimiento financiero de la Nación, en la antesala de una negociación que será determinante para el futuro inmediato de las cuentas provinciales.
