José Antonio Maiorano pidió ampliar su indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, luego de haberse negado a declarar en una primera citación. Su testimonio, brindado ante la fiscal Laura Roteta, cerró la etapa de declaraciones en una causa que ya involucra a 17 imputados —siete de ellos detenidos— y que apunta a laboratorios, funcionarios y organismos de control. El juez tiene plazo hasta este jueves para definir los procesamientos, aunque la nueva declaración podría alterar los tiempos previstos.
Entre los principales acusados figura Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio Ramallo S.A., señalado como responsable del lote adulterado. También están imputados sus hermanos, su madre y su abuela, todos con cargos directivos.
La Justicia evalúa procesarlos por homicidio culposo o incluso doloso. Javier Tchukran, director general de Ramallo S.A. y HLB Pharma, también aparece en el expediente por su rol en la cadena de producción.
La investigación reveló fallas graves en los controles estatales. El juez ordenó allanamientos en oficinas de la ANMAT, el INAME y domicilios de siete funcionarios. Entre ellos, Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del INAME, fue desplazada tras ignorar un informe interno que advertía sobre irregularidades en la producción.
Ese documento, fechado el 26 de marzo, alertaba sobre fallas graves, pero la planta fue clausurada recién el 11 de mayo, cuando las muertes ya se multiplicaban.
Una declaración reciente agregó tensión al expediente: Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción en Ramallo, aseguró que Adriana Iudica, jefa de control microbiológico, detectó que una muestra de fentanilo “dio positivo” pero no lo informó. “La verdad, me olvidé”, habría dicho en una reunión interna. El testigo relató que Diego García Furfaro y Javier Tchukran reaccionaron con furia al enterarse del ocultamiento.
Aunque los imputados no están obligados a decir la verdad en esta instancia, el relato refuerza la hipótesis de negligencia y encubrimiento.
La causa avanza hacia una definición clave. El juez Kreplak y la fiscal Roteta deben resolver si procesan a los implicados, en un expediente que expone no solo responsabilidades penales, sino también el colapso de los controles que permitieron que el fentanilo contaminado llegara a los hospitales.
