La confirmación de la autopsia de Erika Antonella Álvarez, de 31 años, arroja una frialdad técnica que estremece: murió por un traumatismo craneofacial seguido de una luxación cervical. Sin embargo, más allá del informe forense, el hallazgo de su cuerpo en un basural de las afueras de San Miguel de Tucumán expone la cara más cruel de una violencia que se siente habilitada por el abandono institucional.
El lugar elegido para ocultar el crimen no es casual; es el reflejo de una cultura que busca reducir la vida de las mujeres a la categoría de desecho. Este femicidio se produce en un contexto de vulnerabilidad extrema, profundizado por las políticas del Gobierno Nacional de Javier Milei, que ha avanzado en un desmantelamiento sin precedentes de las herramientas de protección y prevención de violencia de género.
Al eliminar los organismos que garantizaban el acompañamiento a las víctimas y desfinanciar los programas territoriales de asistencia, el Estado Nacional ha dejado un vacío que la violencia machista ocupa con rapidez. En la narrativa del ajuste fiscal, se ha decidido que la seguridad de las mujeres es un ítem prescindible, borrando de la agenda pública la urgencia de proteger la vida frente a la desigualdad estructural.
La muerte de Erika Antonella Álvarez es el resultado de un sistema que hoy, desde sus esferas nacionales más altas, niega la existencia de la violencia de género y desprecia la perspectiva de derechos. Cuando el Estado Nacional retira los recursos y los sentidos de cuidado, el mensaje que se envía es de absoluta desprotección para quienes habitan los sectores más castigados de la sociedad.
No se puede procesar este dolor como un simple dato policial. La justicia debe actuar, pero la sociedad también debe señalar la responsabilidad política de quienes, en nombre de la libertad, abandonan a las mujeres a su suerte. Justicia por Erika Antonella Álvarez: que su nombre sea un recordatorio de que la vida no puede ser una variable de ajuste.
