Durante años engañó a decenas de personas haciéndose pasar por abogada, usando matrículas ajenas y documentación judicial falsificada. Incluso llegó a realizar una amenaza de bomba contra el Palacio de Tribunales. Este lunes 15 de diciembre, la Justicia condenó a Silvana Gabriela González (39) a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado.
La audiencia fue convocada por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Diego Hevia, y el convenio fue presentado con la conformidad de la imputada y su defensa técnica. Además de la pena de prisión, González ofreció una reparación económica de $8 millones, que será distribuida entre las víctimas.
Una puesta en escena para engañar
Según la investigación fiscal, González simuló ser abogada sin contar con título habilitante ni matrícula profesional. Para sostener el engaño, utilizó el nombre y la matrícula de una letrada homónima, además de la identidad de otra profesional, y montó una falsa estructura de trabajo.
Citaba a sus víctimas en un supuesto estudio jurídico ubicado en calle Congreso, entre Lamadrid y Lavalle, en barrio Sur de la capital tucumana. Allí brindaba asesoramiento legal y entregaba copias de escritos, cédulas y decretos judiciales falsificados, que ella misma confeccionaba, logrando así obtener importantes sumas de dinero.
En total, a la imputada —quien cursó la carrera de Derecho hasta tercer año— se le atribuyeron ocho hechos delictivos, entre ellos la amenaza de bomba al Palacio de Tribunales, ocurrida el 17 de junio de 2025, en el edificio ubicado en pasaje Vélez Sarsfield 451.
“Un grave daño institucional”
Al exponer el acuerdo, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás remarcó la gravedad del accionar. “Estamos ante hechos cometidos a lo largo de muchos años, con multiplicidad de víctimas, que pusieron en riesgo la fe pública, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, sostuvo.
La funcionaria explicó que González simuló intervenir en causas laborales, penales, civiles y de familia, generando riesgos concretos como prescripciones, pérdida de derechos laborales y alimentarios, y la imposibilidad de accionar judicialmente. “El daño no fue solo patrimonial, sino también institucional”, subrayó.
La condena
Finalmente, la jueza interviniente declaró a González autora material y penalmente responsable de los delitos de estafa por calidad simulada y falsos títulos, usurpación de títulos y honores, falsificación de instrumentos públicos e intimidación pública, y homologó el acuerdo de juicio abreviado.
Tras un cuarto intermedio, ordenó su inmediato alojamiento en una unidad penitenciaria, dejando firme la sentencia al renunciar las partes a cualquier recurso de impugnación.
