El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La medida alcanza a la Resolución 943/23, que regulaba la actuación de las fuerzas federales ante protestas y manifestaciones.
En su fallo, el magistrado sostuvo que el protocolo es ilegítimo y carece de validez como acto administrativo. “Se conforma —de manera manifiesta— la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y, en consecuencia, corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1° de la Ley 16.986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7° de la Ley 19.549 para ser considerado un acto administrativo válido”, afirmó Cormick.
Además, aclaró que las personas que se hayan visto afectadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia penal contra los efectivos que hayan actuado en base a esa normativa.
“Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado protocolo deberán —de modo individual— denunciar ante la Justicia en lo Penal”, expresó el juez.
El planteo del CELS
Tras conocerse el fallo, el CELS celebró la decisión judicial y sostuvo que la resolución del Ministerio de Seguridad excedía sus atribuciones. “La sentencia pone límites a lo que el Ministerio puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”, indicó el organismo en un comunicado difundido en redes sociales.
Según explicó la entidad, el juez consideró que la resolución no solo pretendía ordenar el tránsito o dar instrucciones a la policía, sino que avanzaba sobre normas penales, procesales y orgánicas, funciones que son exclusivas del Congreso y del Poder Judicial.
“El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”, advirtió el CELS.
Antecedentes y causas abiertas
La última aplicación del protocolo antipiquetes tuvo lugar a mediados de diciembre, durante una movilización de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuando Alejandra Monteoliva ya estaba al frente de la cartera de Seguridad.
Una de las causas judiciales más sensibles vinculadas a ese procedimiento es la que investiga lo ocurrido el 12 de marzo, durante una manifestación frente al Congreso, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo recibió el impacto de un tubo de gas lacrimógeno mientras cubría la protesta, lo que le provocó una grave lesión.
Reacciones sindicales
El fallo también fue celebrado por sectores gremiales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla”.
En ese sentido, calificó la decisión judicial como “un gran avance contra la represión” y afirmó que “comienzan a restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno”.
Sin embargo, cuestionó que la Justicia no haya actuado antes: “Si se hubieran animado cuando Bullrich estaba al frente de Seguridad, se hubieran evitado más de 1400 heridos en las manifestaciones”, expresó.
