La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del MPF imputó a Brisa Rocío Fernández por el delito de falsificación y uso de documento falso en concurso real, tras descubrir una presunta fábrica de certificados truchos en Tucumán.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025, e involucran la creación y utilización de documentación médica apócrifa. La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, por delegación del fiscal subrogante José Sanjuán, solicitó 44 días de prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La jueza actuante resolvió finalmente otorgar una prisión preventiva de 27 días, mientras se desarrolla la etapa de investigación penal preparatoria.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que Fernández “desplegó una actividad sistemática dedicada a la confección de documentación médica falsa”, afectando la fe pública y la confianza en organismos sanitarios y educativos.
El primer hecho ocurrió el 17 de febrero, cuando elaboró una ficha médica para ingreso escolar usando un sello profesional falso correspondiente a una médica real. El documento contenía datos falsos de peso, talla, vacunas y aptitud médica.
El segundo hecho se registró el 6 de septiembre, cuando confeccionó un certificado médico apócrifo con sellos falsificados del Hospital Avellaneda, incluyendo diagnóstico y reposo médico inexistentes.
El 22 de octubre, durante un allanamiento en su domicilio en barrio San Miguel, la policía secuestró tres sellos medalla pertenecientes al Ministerio de Educación, Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, SIPROSA y la Oficina de Trámites Ciudadanos, además de 22 sellos profesionales de médicos, odontólogos y técnicos en salud.
Según la investigación, Fernández habría fabricado los sellos fraudulentamente para elaborar certificados truchos, fichas médicas adulteradas y documentos falsos. La fiscalía destacó la planificación y el carácter reiterado de su accionar, por lo que consideró que podría reincidir si recupera la libertad.
Mientras la defensa pidió una medida de menor intensidad, la jueza mantuvo la detención por 27 días. El Ministerio Público Fiscal continuará con las pericias sobre los elementos secuestrados y el rastreo de posibles compradores o cómplices.
Por otro lado, la Justicia remarcó que el uso de certificados médicos falsos constituye un delito grave que afecta la credibilidad de las instituciones públicas y sanitarias.
El caso de los certificados truchos en Tucumán reabre el debate sobre los mecanismos de control y autenticación de documentos oficiales.
