La crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán ya no se mide en frecuencias perdidas ni en colectivos que nunca llegan. Se mide en amenazas, acusaciones penales y una ciudadanía rehén de un modelo agotado. Esta semana, la Intendencia acusó a los empresarios nucleados en AETAT de ejercer una “conducta extorsiva” por exigir un subsidio de $2.000 millones y proponer un cambio radical en el sistema de financiamiento: pasar del pago por pasaje vendido al pago por kilómetro recorrido.
La respuesta del municipio fue contundente. Calificó el planteo como “falaz, improcedente y malicioso” y advirtió que, de persistir las amenazas de suspensión del servicio, iniciará una denuncia penal por extorsión. El fiscal municipal Conrado Mosqueira no dejó lugar a dudas: el límite institucional se cruzó.
Conrado Mosqueira, Fiscal Municipal.
Pero más allá del cruce de comunicados, el trasfondo es más grave. El sistema de transporte tucumano opera bajo concesiones heredadas, con unidades deterioradas, recorridos incumplidos y una experiencia de usuario que roza lo indigno. AETAT, lejos de asumir responsabilidades, busca blindarse con subsidios millonarios mientras la Intendencia defiende un modelo que, aunque legal, ya no garantiza eficiencia ni equidad.
Jorge Berreta, Vicepresidente de Aetat.
La ciudadanía, como siempre, queda en el medio. Sin certezas sobre qué colectivo pasará, sin garantías de seguridad ni higiene, y ahora también sin saber si el servicio funcionará mañana. El conflicto no es técnico, es político. Y como tal, exige decisiones valientes, no parches ni amenazas cruzadas.
¿Es extorsión exigir subsidios en medio de una crisis? ¿O es extorsivo sostener un sistema que no funciona y culpar al otro por su colapso? Lo cierto es que Tucumán necesita un rediseño profundo del transporte público, con reglas claras, control efectivo y participación ciudadana. Lo demás es ruido. Y el ruido, como los colectivos, ya no llega.
