Una mujer de 35 años fue condenada en Tucumán por haber estafado a jubilados a quienes engañó con falsas promesas de aumentos de haberes de la Anses, para luego utilizar sus datos personales y biométricos, crear cuentas bancarias, pedir préstamos y apropiarse del dinero. El perjuicio económico supera los $7 millones y afectó al menos a tres adultos mayores de la ciudad de Alderetes.
La imputada, identificada como P.A.A., una licenciada en Nutrición cuya identidad permanece bajo reserva por orden judicial, fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado. La causa fue investigada por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego López Ávila.
Un engaño planificado
Según explicó la auxiliar de fiscal Carolina Brito, la mujer actuó mediante un modus operandi reiterado. Se presentaba en los domicilios de sus víctimas, generalmente personas con las que tenía vínculos de confianza o vecindad, y les aseguraba que habían sido seleccionadas para recibir un aumento en su jubilación.
Bajo esa excusa, les solicitaba fotografías del DNI y del rostro, supuestamente para realizar trámites ante la Anses. En varios casos, insistía hasta obtener imágenes “de buena calidad”, que luego utilizaba para validar identidades en plataformas bancarias digitales.
Con esos datos, la acusada creaba cuentas en el Banco Galicia o tomaba control de las ya existentes, modificando contraseñas y bloqueando el acceso de los verdaderos titulares. Posteriormente, solicitaba préstamos a nombre de los jubilados, realizaba extracciones y transferencias y derivaba el dinero a sus propias cuentas.
Las víctimas
Las primeras víctimas fueron Antonia (64) y Pedro (67), un matrimonio allegado a la imputada. A nombre de Antonia se solicitó un préstamo de $1.165.000, mientras que a Pedro se le adjudicó otro por $2.394.300. Ambos se enteraron de la estafa cuando intentaron realizar trámites bancarios y se les informó que registraban deudas impagas por más de $3,5 millones.
El segundo caso se registró en noviembre de 2024 y tuvo como víctima a Conrado (70), amigo del padre de la acusada. A su nombre se solicitó un préstamo por $3.796.200 y se realizaron extracciones y transferencias por más de $1,3 millones. El hombre descubrió la maniobra cuando su hija no pudo ingresar a su home banking y luego confirmó que su cuenta había sido intervenida.
La investigación
La causa incluyó pericias electrónicas, análisis de movimientos bancarios, conversaciones entre la imputada y las víctimas, informes de entidades financieras y reportes crediticios. Con ese material, la fiscalía acreditó la responsabilidad penal de la acusada por el delito de estafa informática reiterada.
En base a las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal acordó con la imputada y su defensora oficial, Josefina Talamazzi, una condena de un año de prisión condicional y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período.
Malestar de los jubilados
Durante la audiencia, los jubilados damnificados expresaron su disconformidad con la pena, al considerar que resulta leve frente al daño económico y emocional sufrido.
“Somos personas grandes y nos hizo pasar momentos muy difíciles”, manifestó Pedro, quien relató que la estafa afectó gravemente la salud y la economía familiar.
Finalmente, el juez Guillermo Taylor homologó el acuerdo de juicio abreviado y recordó a las víctimas que deberán iniciar acciones civiles si quieren intentar recuperar el dinero perdido.
El caso quedó como uno de los episodios más graves de estafa digital contra jubilados registrados recientemente en Tucumán, con una condena penal que no incluye cárcel efectiva ni restitución económica inmediata.
