El control de los recursos energéticos de Venezuela ha dado un giro histórico y polémico. El Gobierno de Estados Unidos estimó que gestionará ventas de crudo por u$s10.000 millones al año. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la administración de Donald Trump asumió la tutela directa de la industria petrolera venezolana. Según Washington, estos fondos se destinarán a la reconstrucción del país, pero la medida deja a Venezuela bajo una dependencia total y por tiempo indefinido.
Gestión directa y fondos bajo supervisión externa
El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, confirmó que ya se comercializaron u$s1.000 millones bajo este nuevo esquema. Además, existen acuerdos firmados para vender otros u$s5.000 millones en los próximos meses. Aunque el discurso oficial resalta la «reconstrucción de la sociedad» y el restablecimiento de un gobierno representativo, la realidad es que Venezuela ha perdido el manejo de su principal recurso de exportación.
Wright calificó la cooperación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como “increíble”. Sin embargo, el funcionario no ocultó los beneficios propios para la economía norteamericana. Aseguró que el acuerdo abaratará la construcción de carreteras en Estados Unidos gracias a la producción de asfalto con crudo venezolano.
Un esquema de dependencia «indefinido»
La administración Trump ha sido clara: el manejo de la venta del petróleo venezolano será por tiempo «indefinido». Esto significa que Venezuela dependerá exclusivamente de las decisiones de la Casa Blanca para acceder a los ingresos que genera su propia tierra. Wright destacó que este cambio se logró «sin soldados estadounidenses y sin dólares de sus contribuyentes», lo que refuerza la estrategia de control económico sobre la intervención militar directa.
El nuevo rol de las petroleras extranjeras
Mientras tanto, la estatal PDVSA inició negociaciones con gigantes como Chevron, Repsol y Maurel & Prom. Una reforma estructural aprobada en enero otorga a las empresas extranjeras una autonomía operativa y comercial sin precedentes. Ahora, las petroleras internacionales pueden operar, exportar y cobrar directamente sus ventas, incluso siendo socios minoritarios.+2
Este nuevo marco legal busca atraer inversión extranjera rápidamente. Sin embargo, también genera críticas sobre la entrega de soberanía, ya que el Estado venezolano cede facultades clave que históricamente fueron exclusivas de la nación.
