El proyecto de Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, encendió señales de alarma en el sistema educativo técnico del país. Aunque se rechazó el artículo 75 —que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario—, especialistas y referentes del sector advierten que persiste un artículo que implica un fuerte recorte y pone en riesgo el funcionamiento de cerca de 1.700 escuelas técnicas y agrotécnicas en todo el territorio nacional.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el texto que será debatido en el Senado introduce modificaciones estructurales que afectan pilares legales vigentes en materia de educación técnica. El dato más preocupante es el recorte del 93% en el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) proyectado para 2026, en comparación con lo ejecutado en 2023.
El informe también señala que, aunque el fondo continúa vigente por ley, su ejecución viene siendo mínima: alcanzó apenas el 10,8% en 2025 y se prevé que caiga al 3,5% el próximo año. “En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo”, concluye el análisis.
Un sector estratégico en riesgo
La eventual eliminación del financiamiento nacional deja en una situación crítica a las escuelas técnicas y agrotécnicas, muchas de las cuales se sostienen parcialmente con aportes provinciales desde el inicio de la actual gestión, debido a la subejecución de partidas nacionales. La medida impactaría especialmente en establecimientos ubicados en zonas rurales y regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde estas instituciones cumplen un rol clave en la formación técnica y productiva.
Además, el recorte alcanzaría al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufriría una reducción presupuestaria del 84,5%, lo que profundizaría el desfinanciamiento del sector.
Rechazo y advertencias desde el ámbito educativo
El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel, fue contundente al cuestionar lo aprobado en Diputados. “Es un Presupuesto que claramente va en contra de las escuelas técnicas y agrotécnicas”, sostuvo.
Besel advirtió que, de mantenerse el proyecto sin cambios, el impacto será progresivo y profundo. “Con el tiempo se va a llegar a un colapso si no sucede algo y si no obtenemos algún otro tipo de norma que pueda asegurar que los fondos vayan a llegar. Los fondos son por y para los alumnos y las alumnas, para el trabajo cotidiano y para su formación”, expresó.
En la misma línea, el rector de la Escuela Técnica N.º 45 “Félix Bourrén Meyer”, de San Salvador de Jujuy, Martín Galeano, manifestó su preocupación por el posible desfinanciamiento. “Para una escuela técnica, que se derogue INET y los fondos destinados significa condenarla al mal funcionamiento, a la baja calidad educativa y, en muchos casos, a su extinción”, afirmó.
Galeano explicó que actualmente gran parte del sostenimiento institucional depende del INET. “La provincia no aporta prácticamente nada para el mantenimiento, la capacitación técnica o el equipamiento. Todo eso viene de INET. Sin estos recursos, las instituciones quedarían en una situación crítica”, señaló.
Incertidumbre de cara al debate en el Senado
Desde otras provincias también se sumaron advertencias. El secretario general de AMET en La Pampa, Cristian Paulino, afirmó que, si el Presupuesto se aprueba sin modificaciones, “será difícil funcionar”. Según detalló, los fondos se destinan a reparación edilicia, infraestructura, capacitación docente, compra de maquinaria y herramientas, e insumos para los talleres.
“Sin esos fondos no podemos proyectar ni prever compras. El gobierno provincial hace lo que puede, pero tiene muchas otras obligaciones que antes eran cubiertas por Nación. No podríamos solventar la capacitación docente ni adquirir máquinas, que son muy costosas”, advirtió.
Con el tratamiento del Presupuesto 2026 aún pendiente en el Senado, el futuro de la educación técnica y agrotécnica permanece en un escenario de incertidumbre. Desde el sector educativo esperan que el debate legislativo permita revisar el artículo cuestionado y garantizar la continuidad de un sistema considerado estratégico para el desarrollo productivo del país.
