La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Fray Pedro Zavaleta, ubicada históricamente en Virgen de la Merced y Rivadavia 459, se encuentra en estado de alerta máxima. Este viernes, padres, docentes y alumnos se movilizaron en una reunión cargada de indignación ante una decisión que consideran el tiro de gracia para su institución: el traslado inminente de los estudiantes a la Escuela Isabel La Católica. Para las familias, esta mudanza no es más que el preludio de un cierre definitivo y la dispersión total de la comunidad educativa.
Un calvario de cinco años
El conflicto no es nuevo. Hace cinco años, los estudiantes fueron desalojados de su edificio propio bajo la advertencia de que existía un peligro de derrumbe y la necesidad urgente de reparar los techos. Desde aquel momento, el establecimiento ha funcionado de manera errática, «peregrinando» por espacios prestados que nunca lograron brindar la estabilidad necesaria.
Esta desidia no es un hecho aislado, sino una constante que atraviesa administraciones. El abandono de la infraestructura escolar se mantuvo inalterable durante la gestión del ex ministro Juan Pablo Lichtmajer y continúa bajo la administración de la actual ministra Susana Montaldo, quien ya transita su tercer año al frente de la cartera educativa sin haber concretado las obras necesarias para recuperar el edificio propio.
Promesas incumplidas y falta de respuestas
La furia de los padres tiene fundamentos concretos. En redes sociales, los testimonios revelan el nivel de frustración acumulada. Denunciaron que hace dos años, el supervisor Eduardo Cajal les aseguró que en un plazo de apenas 90 días contarían con un edificio propio en el ex Conservatorio de Música de calle San Martín al 1000. Esa promesa nunca se materializó, dejando a la comunidad a la deriva y desconfiando de cualquier nueva propuesta oficial.
Hoy, ante la falta de certezas, las familias se mantienen firmes en su postura: no aceptarán más parches ni traslados provisionales que fragmenten a los alumnos. Exigen una respuesta seria por parte del Ministerio de Educación y la garantía de un edificio digno y permanente donde sus hijos puedan estudiar sin la incertidumbre constante de ser mudados de un lugar a otro.
