La Justicia Federal decidió cerrar una causa de alto impacto político y policial al dictar el sobreseimiento de tres personas acusadas de transportar un kilo de marihuana, luego de declarar inválido el procedimiento policial que dio origen a la investigación. El fallo no pasó desapercibido: entre los detenidos se encontraba el hijo de un funcionario del área de Seguridad provincial, quien renunció horas después del operativo, en medio de fuertes cuestionamientos internos dentro de la fuerza.
El hecho se remonta al 20 de agosto, cuando efectivos de la comisaría de Yerba Buena interceptaron un vehículo tras atribuirle una maniobra brusca en la vía pública. Según el acta policial, al identificar a los ocupantes los agentes habrían percibido un fuerte olor a marihuana, lo que derivó en la requisa del automóvil y el presunto hallazgo de un kilo de flores de cannabis.
Como consecuencia, fueron detenidos e imputados Alexis Nahuel Cisneros, Nicolás Avellaneda y Leandro Nicolás Gómez, este último integrante por entonces de la ex Brigada de Investigaciones. La repercusión fue inmediata: su padre, Miguel Gómez, funcionario del área de Seguridad, presentó su renuncia indeclinable esa misma noche ante el ministro Eugenio Agüero Gamboa.
Lejos de tratarse de un procedimiento más, el caso generó sospechas dentro de la Policía. Circularon versiones sobre posibles irregularidades en el operativo e incluso se insinuó que el procedimiento podría haber funcionado como un mensaje interno, en un contexto atravesado por investigaciones sensibles que alcanzaban a jefes de la Unidad Regional Norte.
Con el avance del expediente, la defensa de Cisneros, a cargo del abogado Daniel Aníbal González, solicitó la nulidad del procedimiento, al considerar que se vulneraron garantías constitucionales básicas. El planteo fue analizado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien finalmente dio lugar al pedido.
En una resolución contundente, el magistrado sostuvo que los argumentos utilizados por los policías para detener el vehículo no resultaban suficientes desde el punto de vista legal. Remarcó que la supuesta actitud nerviosa de uno de los ocupantes y una maniobra en “U” no constituyen razones objetivas que habiliten una intervención de ese tipo. En consecuencia, declaró nulo el procedimiento, ordenó el sobreseimiento de los tres acusados y dispuso su inmediata liberación.
Además, el juez ordenó que se investigue la actuación de los efectivos intervinientes, al considerar que podrían haber incurrido en un accionar irregular que afectó derechos fundamentales. El fallo se conoce en un contexto delicado para la fuerza, atravesada por otros escándalos recientes, y vuelve a poner bajo la lupa los límites legales de los controles policiales y los procedimientos antidrogas.
