El Tribunal de Cuentas de Tucumán abrió un Juicio de Responsabilidad por un presunto perjuicio económico de $26,8 millones al Estado provincial, tras detectar entregas irregulares de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular de Ahorros durante 2023. La investigación reveló que no existía convenio vigente ni resolución administrativa que habilitara a la Caja a recibir subsidios en especie, como chapas, mesas, sillas y cuchetas.
La entonces ministra Lorena Málaga firmó 12 Órdenes de Autorización sin respaldo legal, mientras que el actual legislador Hugo Ledesma, subinterventor en ese momento, figura como receptor y autorizador de entregas. También aparecen involucrados el interventor José Díaz, el agente Jorge Garay, el empleado Flavio Corres y tres particulares que retiraron mercadería sin trazabilidad.
El Tribunal detectó que los bienes fueron retirados por funcionarios y terceros sin constancia de destino social ni documentación que acreditara su uso en situaciones de vulnerabilidad. La auditoría no halló notas de pedido ni registros que justificaran las entregas.
El monto del perjuicio fue estimado en $26.791.604,22, actualizado al 31 de enero de 2025. La causa fue girada al Ministerio Público Fiscal por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario. También se notificó a la Corte Suprema, a la Legislatura y al Poder Ejecutivo.
El proceso no implica sanción inmediata, pero abre la vía para determinar responsabilidades administrativas y penales. El caso reviste gravedad institucional por involucrar a autoridades de la gestión 2023 y a un legislador en funciones.
