El Ministerio de Seguridad de Tucumán tomó una decisión contundente: dio de baja al jefe y al subjefe de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía tras descubrir que habían utilizado a personas privadas de libertad para realizar tareas de construcción en una dependencia policial ubicada en El Cadillal. La investigación interna reveló que los detenidos fueron trasladados desde comisarías para trabajar en la obra sin autorización judicial ni medidas de seguridad adecuadas.
Los responsables de la URN, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, organizaron esta actividad sin consultar a las autoridades penitenciarias ni al Poder Judicial. El uso de mano de obra carcelaria sin protocolos legales viola derechos fundamentales y expone a los internos a situaciones de riesgo. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, expresó que no tolerará este tipo de conductas y que busca garantizar transparencia y respeto por los derechos humanos dentro de las fuerzas de seguridad.
La remoción de los altos mandos se enmarca en un proceso de reforma institucional que intenta profesionalizar la policía tucumana. Las autoridades consideran que este episodio representa una oportunidad para revisar prácticas arraigadas y fortalecer los controles internos. Además, evalúan si corresponde iniciar acciones judiciales contra los responsables.
El escándalo generó preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre el uso de presos en tareas públicas. Aunque en algunos contextos se permite el trabajo de internos, este debe realizarse bajo estricta supervisión legal y con fines de reinserción social. En este caso, las autoridades detectaron una clara desviación de esos principios.
