El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa por presunta evasión fiscal vinculada al supuesto no ingreso de aportes previsionales e impuestos retenidos. Además, la Justicia dispuso una prohibición de salida del país para ambos mientras avanza el expediente.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien fijó audiencia para el 5 de marzo en el caso de Tapia y para el 6 de marzo en el de Toviggino. La investigación se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la entidad madre del fútbol argentino de retener fondos correspondientes a tributos y contribuciones a la seguridad social sin transferirlos en los plazos legales.
Según la presentación del organismo recaudador, las irregularidades se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con un monto bajo análisis que supera los $19.300 millones. La cifra incluye retenciones impositivas y aportes jubilatorios que, de acuerdo con la denuncia, no fueron girados al Estado. ARCA sostiene que esos recursos no forman parte del patrimonio del contribuyente, sino que deben ser depositados al fisco una vez practicada la retención.
El expediente también involucra a otros directivos de la AFA, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el exsecretario general Víctor Blanco. La pesquisa comprende decenas de operaciones que, siempre según la acusación, no habrían sido regularizadas dentro de los períodos establecidos.
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que detallan acreditaciones en cuentas de la entidad y la constitución de plazos fijos en pesos y dólares durante el período investigado. Para el organismo denunciante, estos movimientos evidenciarían que la institución contaba con fondos disponibles al momento en que debía cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales.
Una vez concretadas las indagatorias, el magistrado deberá resolver la situación procesal de los dirigentes y definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una etapa superior del proceso judicial.
