La Cámara Federal de San Martín quedó en condiciones de tomar una decisión clave en la causa por la presunta existencia de testaferros detrás de la compra de una casaquinta en Pilar, una flota de vehículos y otras propiedades ubicadas en ese distrito, en un expediente por presunto lavado de dinero donde se investiga si existió una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA.
El Tribunal de Apelaciones ya tiene el expediente y deberá definir qué juez será el competente para continuar con la investigación que busca dilucidar si la adquisición de la mansión en Villa Rosa valuada en 17 millones de dólares y los autos de alta gama cotizados en casi cuatro millones se realizó mediante testaferros para ocultar el verdadero origen o titularidad de los fondos.
La disputa enfrenta al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien actualmente tiene el caso bajo su órbita, y al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Este último reclamó a su colega que se inhiba y le envíe el expediente al considerar que los hechos investigados ocurrieron dentro de su jurisdicción territorial. Ambos magistrados expusieron sus argumentos para quedarse con el caso y dejaron la resolución en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Se trata de una decisión unipersonal que será tomada tras un sorteo por alguno de los magistrados activos en ese Tribunal durante la feria judicial de enero.
Los motivos del juez de Campana
Al reclamar la investigación, el juez federal de Campana, González Charvay, hizo lugar a un planteo de Luciano Pantano, dueño de todos los bienes junto a su madre Lucia Conte como parte de la sociedad adquirente Real Central SRL.
En una decisión que tomó el 30 de diciembre pasado por la tarde, el magistrado reclamó al juez Aguinsky que se inhiba y le envíe el caso en virtud de la “garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional” y en base a la ubicación territorial delas propiedades, en Pilar, partido que está bajo la jurisdicción de la justicia de Campana.
“Resulta ineludible entonces, sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el Juez natural del territorio designado de forma previa, conforme lo previsto por la ley”, analizó González Charvay en el planteo de inhibitoria.
Para el juez la denuncia que presentó la Coalición Cívica “fue promovida en una jurisdicción extraña a la cierta ubicación de los bienes individualizados, por cuanto se acudió a los fueros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que el inmueble circunscripto desde un inicio como objeto de investigación, se sitúa en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires”.
