Este jueves 13 de noviembre, la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal formuló cargos contra tres policías tucumanos, acusados de trasladar detenidos para realizar trabajos de albañilería en una propiedad privada ubicada en El Cadillal. El principal imputado es Gustavo Javier Beltrán, exjefe de la Unidad Regional Norte, quien habría ordenado el operativo sin autorización judicial.
El hecho ocurrió el martes 11 de noviembre. Según la investigación, Beltrán dispuso el traslado de cuatro presos desde las comisarías de Chuscha y Choromoro hacia dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin registrar el movimiento. Luego, dos de ellos fueron llevados a una casa en construcción que pertenece al comisario, donde realizaron tareas de albañilería.
Evidencias clave y delitos imputados
La fiscal Mariana Rivadeneira, junto a su equipo, presentó pruebas como un llamado anónimo, dispositivos móviles, un DVR y una camioneta Hilux oficial que fue utilizada en el traslado. Además, intervinieron el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la división de Delitos Telemáticos.
Beltrán enfrenta cargos por peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y falsificación de instrumento público. Los otros dos imputados, un sargento y un cabo de 45 años, fueron acusados como partícipes secundarios en los delitos de peculado y falsificación.
Audiencia suspendida y pedido de prisión preventiva
La audiencia fue interrumpida por un problema de salud de uno de los imputados, por lo que se reanudará mañana viernes. La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva para Beltrán, quien ya fue dado de baja de la fuerza.
Este caso pone en evidencia graves irregularidades dentro de la Policía de Tucumán y plantea interrogantes sobre el control institucional en el manejo de detenidos. Además, expone cómo el abuso de poder puede derivar en delitos que afectan directamente a la administración pública y la fe ciudadana.
