El Gobierno nacional informó que detectó la existencia de 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que figuraban activos pese a estar a nombre de personas fallecidas, en el marco del proceso de reordenamiento administrativo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), actualmente intervenida.
La irregularidad fue descubierta tras un cruce de datos entre los registros de la Andis y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), lo que permitió identificar certificados vigentes correspondientes a personas que ya no estaban con vida. Ante esta situación, las autoridades dispusieron la baja inmediata de esos CUD.
Además, el Ejecutivo nacional evalúa avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes habrían continuado percibiendo beneficios asociados a esos certificados como contra prestadores que podrían haber facturado servicios a nombre de personas fallecidas, una maniobra considerada como un perjuicio directo al Estado.
Investigación interna y posibles denuncias
El hallazgo dio lugar a una investigación interna dentro de la Andis, organismo que se encuentra bajo intervención tras la salida de su anterior conducción. La revisión forma parte de una auditoría integral impulsada para detectar inconsistencias administrativas y ordenar el funcionamiento de la agencia.
Desde el Gobierno señalaron que el cruce de bases de datos con el Renaper debió realizarse con anterioridad, ya que se trata de un control básico para evitar pagos indebidos. La falta de este procedimiento es uno de los puntos que ahora se analizan en la evaluación de la gestión previa.
En este contexto, se prevé un segundo cruce de información para identificar a los prestadores que declararon haber brindado servicios a beneficiarios fallecidos. Con esos datos, el Ejecutivo analiza avanzar con denuncias penales por presunta defraudación al Estado.
Qué es el Certificado Único de Discapacidad
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la discapacidad de una persona y permite acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el territorio nacional.
El CUD se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no posee un vencimiento fijo, sino períodos de actualización, que actualmente se encuentran prorrogados.
Auditoría en marcha y contexto político
Tras el cambio de autoridades en la Andis, el Ministerio de Salud ordenó una auditoría integral del organismo, con intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como órgano de control externo. La revisión abarca no solo la gestión de los certificados y las Pensiones No Contributivas (PNC), sino también los procesos de compra de medicamentos.
La auditoría comenzó en septiembre y, según los plazos legales, podría concluir antes de finalizar el primer trimestre de 2026. Si bien los resultados aún no fueron oficializados, el Gobierno anticipó que el proceso apunta a determinar responsabilidades administrativas y, de corresponder, penales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la depuración de los registros es clave para transparentar el sistema, garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar maniobras que afecten las arcas públicas, en un área sensible destinada a uno de los sectores más vulnerables de la población.
