El Gobierno nacional volvió a poner a la AFA en el centro de la escena y profundizó su ofensiva contra la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. A través del Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Liga Profesional a brindar explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros, que incluyen cifras millonarias en dólares.
Según informó el Ejecutivo mediante un comunicado oficial, la IGJ solicitará documentación que respalde gastos e inversiones por más de USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones en la Liga Profesional. El objetivo, indicaron, es que ambas entidades respondan observaciones realizadas sobre sus estados contables, bajo las mismas exigencias que rigen para cualquier persona jurídica privada.
Desde el Gobierno remarcaron que la AFA, en su carácter de asociación civil sin fines de lucro, deberá justificar gastos e inversiones vinculadas a actividades que no estarían contempladas en sus estatutos. Además, advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo establecido podría derivar en sanciones económicas severas.
La medida se inscribe en una escalada de acciones oficiales contra la conducción del fútbol argentino. El lunes pasado, la ministra Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra autoridades de la AFA, por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción del organismo sudamericano.
En paralelo, la ofensiva se vincula con una investigación judicial en curso a cargo del juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N.º 10. La causa apunta a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, acusados de actuar como intermediarios para la tenencia de bienes de alto valor que no se condicen con su capacidad económica declarada.
Entre los activos bajo la lupa aparece una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista equina, harás y vehículos de lujo. El inmueble tuvo un recorrido llamativo: en 2017 fue adquirido por Carlos Tevez, en 2023 pasó a Malte SRL —proveedora oficial de la AFA— y luego fue transferido a Real Central SRL.
La denuncia también pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a ex directivos. En ese marco, se destaca un contrato por unos USD 550.000 otorgado a Malte SRL para finalizar la instalación del sistema VAR, una decisión que, según la presentación, plantea posibles conflictos de intereses y falta de transparencia.
Frente a este escenario, desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra sus autoridades. En un duro comunicado, apuntaron contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la diputada Juliana Santillán y la senadora Patricia Bullrich, a quienes acusaron de intentar intervenir la entidad y obstaculizar su funcionamiento democrático.
Además, cuestionaron la intención del Gobierno de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas y defendieron el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. “En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol”, afirmaron, y aseguraron que seguirán trabajando para el crecimiento del deporte pese a las acusaciones y denuncias.
