La tensión institucional en Amaicha del Valle escaló en las últimas horas tras la decisión de la Comunidad Indígena del pueblo tafinista de expulsar al delegado comunal Paul Caillou, en el marco de un conflicto que combina disputas de autoridad, reclamos de autonomía y una fuerte intervención judicial.
La medida fue adoptada durante una Asamblea Comunitaria, en la que se resolvió la expulsión de Caillou “por traicionar los mandatos comunitarios”, desconociendo su autoridad y reclamando la “autonomía y el autogobierno” del pueblo originario, según informó el sitio Tendencia de Noticias.
Desde el sector del delegado comunal, Caillou aseguró que la asamblea que trató su expulsión es ilegal y viola una medida cautelar vigente dictada por el Juzgado en Feria del Centro Judicial Monteros. Sostuvo que “la Asamblea era inválida porque la Justicia así lo determinó” y agregó que “no se alcanzó el quórum necesario para que tenga validez”.
De acuerdo al decreto firmado el 20 de enero de 2026 por el juez Guillermo Alfonso Robledo, la convocatoria a una asamblea para analizar la expulsión de Caillou contradice de manera expresa la sentencia dictada en audiencia el 29 de diciembre de 2025, resolución que fue aceptada por ambas partes y quedó firme, sin posibilidad de recurso.
El magistrado recordó que dicha sentencia impuso prohibiciones absolutas, entre ellas la de realizar “remociones o reestructuraciones institucionales con vocación de permanencia”, así como cualquier acción que altere el status quo institucional de la comunidad. En ese sentido, consideró que la asamblea comunitaria vulnera directamente la medida cautelar vigente.
El fallo también remarca la imposibilidad constitucional de desconocer un proceso judicial y advierte sobre la contradicción de avanzar con decisiones institucionales mientras se solicita, en paralelo, el levantamiento de la cautelar que impide dichas acciones.
Ante las denuncias presentadas, el Juzgado intimó al apoderado de la comunidad, Horacio Emanuel Díaz, a desistir de inmediato de cualquier asamblea o acto vinculado a la expulsión del delegado comunal. Para ello, otorgó un plazo perentorio de tres días para acreditar el cumplimiento de la orden, bajo apercibimiento de sanciones penales y multas económicas.
El conflicto se originó en mayo del año pasado, cuando tanto Caillou como Horacio Díaz se proclamaron ganadores de las elecciones comunitarias y, por ende, nuevos caciques. Tras una serie de enfrentamientos, Caillou judicializó la situación, lo que profundizó el rechazo de amplios sectores de la comunidad.
En su carácter de cacique y miembro del Consejo de Ancianos, Díaz convocó a una Asamblea Extraordinaria para tratar la expulsión de Caillou, medida que finalmente se concretó con una amplia participación. En la resolución emitida, la Asamblea ratificó a la comunidad como la “única fuente legítima de autoridad” en Amaicha del Valle y cuestionó la intervención del Estado provincial, al que acusó de violar el derecho a la libre determinación.
Respecto al accionar de Caillou, la comunidad sostuvo que incurrió en “usurpación de funciones” y en una “subordinación indebida” al desobedecer las decisiones asamblearias. Tras la votación, se resolvió su expulsión de manera “definitiva e inapelable”.
Además, la Asamblea decidió desconocer el proceso judicial iniciado por Caillou y exigió el levantamiento de cualquier medida cautelar o resolución que limite el funcionamiento de la Asamblea Comunitaria. También intimó al Estado provincial y nacional a abstenerse de intervenir en la vida política e institucional de Amaicha del Valle y anticipó que denunciará como una violación de los derechos humanos colectivos del Pueblo Diaguita cualquier acción que desconozca la resolución adoptada.
Por último, la Comunidad Indígena convocó a organismos de derechos humanos, pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas y académicas, así como a la sociedad en general, a acompañar la defensa activa de la autonomía, el territorio y el autogobierno del Pueblo Diaguita de Amaicha del Valle.
