La investigación por la violenta pelea ocurrida a la salida de un boliche en Tafí del Valle sumó en las últimas horas un fuerte planteo por parte de la familia de uno de los jóvenes detenidos, que pone el acento en la calificación legal del hecho y en el desarrollo del procedimiento judicial. Mientras la causa avanza bajo la figura de tentativa de homicidio, los allegados a Santiago Bagne aseguran que su detención responde más al impacto social del caso que a las pruebas incorporadas al expediente.
El episodio tuvo lugar en la zona de La Cañada y fue registrado en videos que se viralizaron rápidamente. A partir de ese material y de declaraciones testimoniales, la Justicia ordenó la prisión preventiva por 30 días de Bagne (18) y de César Máximo Carreras (19), ambos alojados en el penal de Benjamín Paz. La víctima, Patricio Ledezma, fue hospitalizada tras la agresión, aunque el informe forense preliminar determinó lesiones leves y sin riesgo de vida.
Desde la defensa familiar, el foco está puesto en el rol que habría tenido Bagne durante el incidente. Su madre, Marisa Gómez, sostiene que su hijo no participó de la agresión y que, por el contrario, intervino para separar a otras personas involucradas en la pelea. Afirma que ni los videos ni los testimonios directos lo ubican golpeando a la víctima y cuestiona que, aun así, se haya avanzado con una imputación de máxima gravedad en una etapa inicial de la investigación.
Otro de los puntos señalados es la contradicción entre la figura penal aplicada y las lesiones constatadas médicamente. Según la familia, el diagnóstico no respalda la hipótesis de un intento de homicidio, lo que refuerza su pedido de revisión de las medidas adoptadas. También desmintieron versiones que circularon públicamente y que, aseguran, contribuyeron a estigmatizar al joven en el ámbito social.
La situación se agravó, según el relato de Gómez, durante un allanamiento en su vivienda, que describió como desproporcionado y violento. Indicó que el operativo se llevó a cabo cuando su hijo no estaba en el domicilio y que ella se encontraba sola. Horas más tarde, Santiago se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y colaboró con la entrega de su teléfono celular y sus claves de acceso.
En la misma línea, el padre del joven, Jorge Bagne, pidió que se analicen con mayor detenimiento las pruebas recolectadas. Señaló que varias declaraciones que lo involucran son indirectas y que, al momento de formalizarse, quienes las brindaron reconocieron no haber visto a su hijo agredir a la víctima. Además, aseguró que existieron mensajes posteriores entre ambos jóvenes, en los que Santiago habría explicado su intervención y pedido disculpas.
En paralelo al proceso judicial, familiares y amigos convocaron a una movilización en la Plaza Mitre de Concepción para reclamar que el caso sea evaluado sin condicionamientos externos y con apego al debido proceso. El planteo central apunta a que las decisiones judiciales se basen en pruebas concretas y no en la presión social o mediática que rodeó al hecho.
Mientras la causa continúa su curso, el caso sigue generando debate en la comunidad, no solo por la gravedad del episodio ocurrido en Tafí del Valle, sino también por las discusiones en torno a la responsabilidad individual, la calificación legal y el alcance de las medidas preventivas adoptadas.
