Un caso que combinó estafa, ocupación ilegal de una vivienda y amenazas agravadas, algunas con armas, tuvo este martes un cierre judicial en Tucumán. La Fiscalía logró un acuerdo de juicio abreviado que permitió poner fin a una causa compleja, con un perjuicio económico millonario y varios imputados.
La resolución se concretó hoy, martes 23 de diciembre, en el marco de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
La intervención de la Fiscalía
La causa fue tramitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I. El fiscal titular fue Diego Alejo López Ávila, con la intervención de la auxiliar fiscal Emely Rafael.
Durante la investigación, el Ministerio Fiscal logró reunir pruebas clave para avanzar en la resolución del expediente.
El engaño: un cheque sin fondos y un perjuicio millonario
Según se acreditó, el hecho principal comenzó cuando un hombre de 31 años utilizó un cheque sin respaldo. Con ese instrumento pagó mercadería y canceló de manera engañosa obligaciones vinculadas al alquiler de una vivienda.
Tiempo después, el banco rechazó el cheque porque se encontraba denunciado. La maniobra provocó un perjuicio económico directo de 1.200.000 pesos para las víctimas.
La usurpación del inmueble y el conflicto
Lejos de resolverse, la situación se agravó. El imputado permaneció en la vivienda pese a haber firmado un convenio de desocupación. Esa conducta configuró una usurpación por abuso de confianza.
Cuando los propietarios reclamaron la restitución del inmueble, el conflicto escaló.
Amenazas agravadas y uso de armas
Durante el reclamo, se registraron amenazas agravadas dirigidas contra quienes exigían recuperar la propiedad. Algunas de esas amenazas incluyeron la utilización de armas, lo que agravó la imputación penal.
Estos hechos quedaron debidamente documentados en el expediente.
El acuerdo judicial y la condena
Con el avance de la causa, la Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado. El juez interviniente lo consideró ajustado a derecho y resolvió homologarlo.
Como resultado, dispuso una condena de ejecución condicional, el cumplimiento de reglas de conducta y el pago de una reparación económica total de 6.000.000 de pesos, en concepto de resarcimiento.
Probation para otros involucrados
En paralelo, la ex pareja del imputado, de 30 años, y su padre, de 72, también quedaron involucrados en hechos derivados del conflicto. Ambos resolvieron su situación procesal mediante una probation.
Esta salida alternativa permitió cerrar su participación en la causa sin llegar a un juicio oral.
Una causa compleja que llegó a su fin
De esta manera, la Justicia dio por concluido un expediente marcado por el engaño, la violencia y la usurpación. El caso mantuvo en vilo a las víctimas y dejó millones de pesos en juego.
