En un contexto atravesado por sospechas de encubrimiento, vínculos personales bajo la lupa y una creciente crisis de credibilidad en el Poder Judicial, el Concejo Deliberante de Yerba Buena comenzó a debatir un proyecto de ordenanza que propone la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de alta jerarquía del municipio.
La iniciativa fue presentada por la concejala Gabriela Garolera y plantea la creación del Programa Municipal de Ejemplaridad, Transparencia y Aptitud Integral en la Función Pública, que establece controles toxicológicos preventivos, periódicos y sorpresivos para integrantes del Departamento Ejecutivo municipal, concejales, jueces de faltas y funcionarios de gabinete.
Un proyecto que irrumpe en un momento crítico
La propuesta no surge en un vacío político ni institucional. Su presentación coincide con el avance de una causa judicial que investiga la muerte de una joven, en la cual una funcionaria del ámbito judicial quedó señalada públicamente —aunque sin imputación formal— por su cercanía personal con uno de los principales acusados. Esta situación desató fuertes cuestionamientos sociales y mediáticos sobre posibles maniobras de encubrimiento.
En ese marco, la desconfianza no se limita a una figura puntual, sino que se extiende al funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Versiones sobre una presunta fiesta previa al fallecimiento de la víctima, posibles consumos de sustancias y demoras procesales que aún no cuentan con explicaciones públicas convincentes profundizaron el malestar social.
Sin formular acusaciones directas, el proyecto apunta a un problema estructural: la fragilidad institucional frente a intereses espurios, adicciones o condicionamientos personales que puedan interferir en la toma de decisiones públicas.
Qué establece la ordenanza
El texto de la iniciativa contempla la realización de controles toxicológicos amplios que incluyen sustancias como cocaína, marihuana, drogas sintéticas, benzodiacepinas y opioides, entre otras. Además, prevé protocolos estrictos de cadena de custodia, confidencialidad de los resultados y la posibilidad de contraprueba para garantizar el debido proceso.
Entre sus fundamentos, el proyecto cita la Constitución Nacional, la Constitución de Tucumán y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En ese sentido, sostiene que no es posible combatir el narcotráfico ni garantizar justicia efectiva si quienes ejercen funciones de gobierno o judiciales se encuentran expuestos a consumos problemáticos o presiones externas.
El mensaje político detrás de la iniciativa
Más allá de su contenido técnico, la ordenanza funciona como una señal política en medio de una fuerte tormenta institucional. La iniciativa responde a una demanda social creciente: que quienes administran poder público brinden garantías concretas de idoneidad, lucidez y ejemplaridad.
La muerte violenta que dio origen a la polémica dejó expuestas relaciones personales, silencios incómodos y un sistema judicial bajo sospecha. En ese contexto, el debate que se abre en Yerba Buena promete trascender el ámbito municipal e instalar una discusión de fondo: hasta qué punto el sistema de poder está dispuesto a controlarse a sí mismo y someterse a mecanismos reales de transparencia.
