El nombre de Juan Zamora vuelve a los titulares, pero esta vez con una resolución definitiva de la justicia tucumana. El conocido empresario, que ya protagonizó varios escándalos mediáticos por su infraestructura hidráulica ilegal, logró este lunes 23 de febrero una suspensión de juicio a prueba. A cambio de evitar la cárcel, Zamora deberá desembolsar una cifra récord para reparar el daño causado a miles de vecinos de Yerba Buena que sufrieron la falta de agua por sus conexiones clandestinas.
Una obra ilegal a escala industrial
A diferencia de una conexión precaria, la justicia determinó que Zamora diseñó y ejecutó una verdadera red hidráulica clandestina entre 2022 y 2023. El empresario perforó un caño maestro ubicado en tierras de la Universidad Nacional de Tucumán, colindantes a su propiedad. Este conducto es la arteria principal que abastece a la zona de El Corte, y la maniobra de Zamora se realizó con total conocimiento del desabastecimiento que generaría en las zonas pobladas.
El fiscal Diego López Ávila impulsó una solución bajo el concepto de justicia restaurativa. El funcionario explicó que el objetivo principal es priorizar la paz social y compensar a la comunidad afectada por este delito ambiental y social. Debido a la magnitud del desvío de agua, la fiscalía exigió reglas de conducta con un fuerte peso económico para que el castigo se transforme en un beneficio directo para los sectores más vulnerables de la provincia.
El costo de la «probation»: 250 millones de pesos
El acuerdo judicial establece que el empresario deberá pagar 250 millones de pesos a la organización Cáritas Tucumán. Este monto representa una de las multas civiles más altas de la historia judicial reciente. Además del dinero, Zamora tiene la obligación de donar pintura a una escuela pública en Alberdi, una puerta para una parroquia en La Calera y una motobomba profesional para instituciones de bien público.
El juez de la causa autorizó que este proceso se extienda por el término de un año. Si el empresario cumple con todos los pagos y donaciones, la causa penal quedará cerrada definitivamente. Esta resolución cierra un capítulo negro para los vecinos de El Corte, quienes durante meses denunciaron públicamente al empresario por el «secuestro» de un recurso vital en medio de crisis hídricas recurrentes en el municipio pedemontano.
