El Gobierno destinará más de $26.000 millones en aportes a partidos políticos y capacitaciones para las elecciones nacionales, que se realizarán el 26 de octubre. Se trata de la instrucción que dará el Estado para fiscales sobre los cambios en la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP), que comenzará este año.
El Ejecutivo definirá además el 11 de septiembre la distribución de espacios publicitarios en emisoras de radio, televisión abierta y por suscripción para las distintas agrupaciones políticas. Nación no planea destinar fondos para debates entre candidatos, que quedaron sin efecto tras la suspensión de las PASO.
La Casa Rosada adjudicó un presupuesto de $395.000 millones para todos los gastos electorales. Ya firmó además un convenio con la empresa estatal Correo Argentino por $223.000 millones, que incluye la logística de la impresión de boletas, el escrutinio provisorio y las urnas.
En Balcarce 50 aseguran además que derivarán $14.000 millones para la Cámara Nacional Electoral junto con otros $20.000 millones para los gastos de las autoridades de mesa y $700 millones para otras capacitaciones en las provincias.
El encargado de la ejecución es el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que tiene en su órbita a la Dirección Nacional Electoral (DINE). La subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, -que tiene injerencia sobre el área y será candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires- tiene previsto dejar el cargo en el corto plazo.
Se trata del funcionario que también tiene a cargo el Fondo Partidario Permanente, que cuenta con un presupuesto $401.664.000, según el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción. Este corresponde a la asignación, corrección y rendición de cuentas de fondos públicos destinados a partidos políticos.
El Gobierno ya habilitó el envío de fondos a los partidos políticos a través de la disposición 1/2025 de la directora nacional electoral, Luz Landivar. La norma publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo tuvo como función la asignación, redistribución y compensación de los aportes estatales a los partidos políticos. El documento responde al calendario legal previsto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
El Ejecutivo derivó en esta instancia $44.006.772 al Partido Justicialista (PJ), $24.253.839 a Propuesta Republicana (PRO), $19.760.160 a la Unión Cívica Radical (UCR), $12.642.673 al Frente Renovador y $10.057.648 a la Unión Celeste y Blanco, entre otros. La Libertad Avanza recibió alrededor de $2.900.000 entre todas sus representaciones jurisdiccionales.
