La política tucumana y el poder económico atraviesan una escalada de tensión que ya no se disimula. La denuncia penal presentada por Miguel Chaiben Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas, contra la intendenta Rossana Chahla y el fiscal municipal Conrado Mosqueira, por no retirar afiches injuriosos de la vía pública, es apenas la punta del iceberg.
Terraf acusa a la jefa municipal de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no remover carteles que, según él, “atentan contra su dignidad, la del Tribunal y la de su familia”. La denuncia incluye notas formales, intimaciones y una clara advertencia: el silencio administrativo también puede ser delito.
Los afiches contra Chaibén Terraf. Solicitó que la Municipalidad los saque.
Pero esta ofensiva judicial no se entiende sin mirar el tablero completo. El diputado nacional Carlos Cisneros, referente de La Bancaria, ya había denunciado públicamente al Tribunal de Cuentas por lo que calificó como “maniobras abusivas” y “revanchismo institucional” al conflicto que hubo con la Caja Popular de Ahorros.
Cisneros sostiene que el conflicto no es técnico ni administrativo, sino político. Según él, Terraf busca desacreditar al interventor de la Caja, José Díaz, por investigaciones internas que incomodaron al Tribunal. La disputa escaló cuando el Tribunal exigió a la Caja informes sobre contratos con clubes deportivos, lo que Cisneros interpretó como una avanzada contra su espacio político y sindical.
Carlos Cisneros denunció al Tribunal de Cuentas en Octubre de 2024.
La Caja Popular, bajo control de La Bancaria desde hace décadas, maneja no solo créditos y apuestas, sino también vínculos con el deporte, la cultura y la asistencia social. El Tribunal de Cuentas, por su parte, intenta ejercer control sobre esos fondos, pero choca con una estructura que se resiste a la auditoría externa. Además, entre pasillos se comenta que la campaña política de Chahla fue financiada por Cisneros.
En este contexto, los afiches contra Terraf no son solo un papel pegado en una pared. Son el síntoma de una guerra de legitimidades: ¿quién controla quién?, ¿quién responde por los fondos que manejan los organismos descentralizados?.
La denuncia contra Chahla, entonces, no es solo una cuestión de cartelería. Es una jugada política que busca exponer la pasividad de la intendencia frente a una campaña de desprestigio, pero también tensiona el vínculo entre el municipio, Cisneros y el Tribunal de Cuentas.
Miguel Chaibén Terraf y otro conflicto en puerta.
Del otro lado, Cisneros no se queda callado. Ya se anticipó y pidió juicio político contra Terraf y el resto de los miembros, y que no permitirá que el Tribunal se convierta en “una herramienta de persecución”.
La pregunta incómoda es si Tucumán puede sostener esta guerra institucional sin que se resienta la confianza pública. Porque cuando los organismos de control, los municipios y las cajas de ahorro se cruzan denuncias, el que pierde es el ciudadano.
Rossana Chahla y Carlos Cisneros durante una conferencia de prensa.
