El Senado de la Nación fue convocado a sesionar el próximo viernes 26 de diciembre, apenas un día después de la Navidad, para tratar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el Gobierno nacional en el cierre del año legislativo.
La convocatoria fue formalizada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien dispuso una Sesión Pública Especial a partir de las 12 del mediodía. Los senadores deberán retomar la actividad con una agenda cargada y marcada por intensas negociaciones políticas.
Durante la mañana de este viernes, el oficialismo logró obtener dictamen favorable para el Presupuesto en comisión, tras poco más de dos horas de debate y con 11 firmas sobre un total de 19. El despacho habilita el tratamiento en el recinto, aunque anticipa un escenario de discusión abierta y posibles modificaciones.
La media sanción de Diputados dejó fuera el capítulo XI, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo que significó una derrota parcial para el Poder Ejecutivo. Si bien en un primer momento se evaluó insistir con esos artículos, finalmente el Gobierno resolvió respetar lo aprobado en la Cámara baja y avanzar con alternativas que permitan sostener el objetivo de déficit fiscal cero.
“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo y sostiene el equilibrio fiscal”, explicó a Infobae un funcionario con acceso a las negociaciones.
En el caso de la emergencia en discapacidad, la contrapropuesta oficial contempla que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones según el régimen previsional vigente. Además, se mantendría la compensación de emergencia retroactiva, ajustada en función de los aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro punto relevante será el endurecimiento de las auditorías sobre las pensiones, con el objetivo de acelerar los procesos de revisión y dar de baja aquellas que presenten irregularidades. Asimismo, el Ejecutivo propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo únicamente la correspondiente a invalidez laboral.
Respecto al financiamiento universitario, el Gobierno no avanzará con la derogación de la ley, pero propondrá un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025. En cuanto a los salarios, planteará una actualización escalonada: un 5% desde el 1° de diciembre de 2025, seguido por cuatro incrementos del 2% mensual entre enero y abril de 2026. Además, se evaluará en junio la necesidad de compensar diferencias por inflación y se reconocerá el aumento de becas previsto.
En paralelo, el Senado también tratará la ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo dictamen sin mayores sobresaltos en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El proyecto, impulsado por el oficialismo, introduce modificaciones profundas en el régimen penal tributario, los mecanismos de fiscalización y la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.
Con la mirada puesta en lograr la aprobación del Presupuesto antes de fin de año, el Gobierno flexibilizó su estrategia legislativa y busca cerrar acuerdos con gobernadores y bloques aliados, convencido de que se trata de una herramienta clave para avanzar en futuras reformas. “Es un Presupuesto con déficit cero”, insisten desde la Casa Rosada.
