La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), se reúne este miércoles desde las 11 de la mañana para dictaminar sobre los 24 legisladores electos que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, el foco político y judicial está puesto en un solo nombre: Lorena Villaverde, actual diputada nacional por Río Negro y electa senadora por el espacio libertario.
Villaverde enfrenta una impugnación presentada por el PJ rionegrino, que cuestiona su idoneidad para asumir el cargo por antecedentes judiciales en Estados Unidos y presuntos vínculos con el empresario Fred Machado. El kirchnerismo, que lidera el formoseño José Mayans en la Cámara alta, impulsa el rechazo a su diploma, aunque en las últimas horas habría decidido no avanzar con observaciones similares contra Nadia Márquez (Neuquén) y Patricia Bullrich (CABA), para evitar “subir la vara” y abrir un precedente incómodo.
Mayorías, tensiones y maniobras
La comisión está integrada por 19 senadores. El Frente de Todos cuenta con ocho miembros, entre ellos Florencia López (La Rioja), encargada de fundamentar la impugnación. Del otro lado, se alinean figuras como Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Juan Carlos Romero y Eduardo Vischi, entre otros. Para emitir un dictamen de mayoría se necesitan diez firmas, y el radical Pablo Blanco ya anticipó su rechazo al diploma de Villaverde.
Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la definición final se dará en el recinto, en una sesión ya convocada para el viernes 28 de noviembre. Allí, según el artículo 8 del reglamento, los senadores electos pueden formar quórum para tratar sus diplomas, pero no pueden votar sobre los propios. La duda es qué harán quienes dejan sus bancas ese mismo día: ¿pueden votar? ¿deben abstenerse? La interpretación divide incluso a los más experimentados.
La urgencia por la AGN
En paralelo, el kirchnerismo busca aprovechar la sesión para avanzar con la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), con la intención de quedarse con dos lugares y ceder uno a la UCR. Para eso, Mayans intentó forzar una reunión de Labor Parlamentaria este mismo miércoles a las 13 horas, aunque varios bloques dialoguistas resisten la maniobra. “Una locura hacer esto a días del recambio”, deslizó un senador radical.
¿Qué se sabe del caso Villaverde?
Las dudas sobre Villaverde giran en torno a una causa judicial en Estados Unidos vinculada al tráfico de estupefacientes. Aunque no hay una condena firme, sectores del oficialismo exigen que se aclare su situación antes de permitirle asumir. La pregunta clave es si Vigo, como presidenta de la comisión, solicitó información oficial a la justicia norteamericana. Hasta ahora, no hay confirmación pública de que eso haya ocurrido.
El artículo 9 del reglamento del Senado establece que, si se rechaza el diploma de un electo, se debe comunicar al Poder Ejecutivo y a las autoridades provinciales para que convoquen a una nueva elección. Pero los antecedentes son escasos, y la decisión que se tome con Villaverde podría sentar un precedente institucional para futuros casos similares.
