Al cierre del jueves, el pleno de la Cámara alta sancionó, con una abrumadora mayoría opositora que sobrepasó los dos tercios de los votos, la ley que declara la emergencia pediátrica por un año,con el Hospital Garrahan como emblema. La iniciativa, que será vetada por el Ejecutivo, obtuvo 62 adhesiones y ocho rechazos que vinieron del bloque libertario y la macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que tuvo una semana para el olvido y cargada de polémicas sin cesar relacionadas con este tema.
Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Sobre la ley de financiamiento para las universidades
En una nueva derrota para el gobierno, el Senado volvió a transformar el proyecto en ley por una cantidad de votos abrumadora, poniendo en evidencia que si hasta ahora pudo aplicar su plan de ajuste fue gracias a la complicidad de los partidos del Congreso. Milei ya viene de preanunciar un vetos para el financiamiento para educación pública.
Previo a la votación el Senado rechazó los decretos presidenciales que apuntaban a desregular o intervenir en organismos públicos como: Vialidad Nacional, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el INTA, el INTI, Instituto Nacional del Teatro y Bibliotecas populares, Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.
La nueva ley propone una recomposición del presupuesto universitario que cubra la pérdida inflacionaria acumulada desde mayo-diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales durante 2025 según el IPC del INDEC. Exige que los salarios docentes y no docentes se actualicen periódicamente (no más de cada tres meses) y que no sean inferiores a la inflación. Además, prevé partidas especiales para investigadores, becas postdoctorales, atención de obras sociales universitarias, y también incluye recursos para el CONICET.
Cabe recordar que el gobierno vetó este mismo proyecto el año pasado, pese a la movilización masiva en universidades en todo el país y las tomas que se desencadenaron tras el veto. El voto de la Cámara de Diputados del miércoles logrando sortear el veto de la ley de Discapacidad, fundamentalmente por la lucha que desarrollaron las familias y trabajadores del área en las calles insistentemente, muestra que ese es el camino para enfrentar el ajuste de Milei.
