El Gobierno nacional confirmó que el debate por la baja de la edad de imputabilidad y la implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil formará parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa, que había avanzado durante 2025 pero perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, será retomada con la intención de respetar la mayoría de los consensos alcanzados el año pasado.
El proyecto original fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024 y debatido durante varios meses en un plenario integrado por las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia. En mayo de 2025, se logró un dictamen de mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, aunque algunos espacios expresaron disidencias parciales.
La edad de imputabilidad y las penas previstas
La propuesta inicial del oficialismo establecía que la edad mínima de responsabilidad penal fuera de 13 años, por debajo del umbral vigente de 16. Sin embargo, tras negociaciones con aliados legislativos como el PRO y la UCR, el dictamen consensuado fijó la imputabilidad a partir de los 14 años.
En cuanto a las sanciones, el régimen establece una pena máxima de 15 años de privación de la libertad únicamente para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Para el resto de los casos, se priorizan penas alternativas, con el objetivo de que la prisión sea utilizada solo como último recurso.
Entre las medidas alternativas se incluyen tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima, reparación del daño causado, monitoreo electrónico, prohibición de concurrir a determinados lugares y restricciones para conducir vehículos. Estas opciones podrían aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.
Educación, contención y reinserción social
El Régimen Penal Juvenil pone un fuerte énfasis en la reinserción social de los adolescentes. El proyecto contempla la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, donde se garantice el acceso a la educación, atención médica y tratamiento por consumos problemáticos. Además, se prohíbe expresamente la convivencia de menores con detenidos adultos.
Como medidas complementarias, se prevén programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y la prohibición del consumo de alcohol y estupefacientes. El cumplimiento de estas medidas estará supervisado por profesionales especializados designados por la Justicia.
Protección de derechos y rol de las víctimas
El proyecto establece que los procesos judiciales serán reservados y prohíbe la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa de ese derecho. También garantiza la intervención de la asesoría tutelar y la notificación inmediata a padres o responsables legales.
Por su parte, las víctimas contarán con derechos reforzados, como acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, y la posibilidad de ser informadas y escuchadas durante todas las etapas del proceso.
Un debate que vuelve en un contexto sensible
La decisión del Gobierno de incluir el Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias se conoció en medio de la conmoción generada por el crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe. El adolescente de 15 años fue asesinado de más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años, un hecho que volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad penal de los menores.
Con posiciones encontradas y un fuerte impacto social, el Congreso se prepara para reabrir una discusión histórica que combina demandas de seguridad, derechos de la niñez y políticas de reinserción.
