El Gobierno nacional reunió por primera vez en el año a su mesa política para inaugurar formalmente la agenda de trabajo de 2026 y colocó a la reforma laboral como eje central de las próximas negociaciones legislativas. El encuentro se extendió por poco más de dos horas y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.
De la reunión participaron los principales referentes del oficialismo: el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La principal novedad fue la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien suele asistir únicamente a encuentros clave. Su participación estuvo vinculada al impacto económico de la reforma laboral, en especial a los cambios impositivos contemplados en el proyecto.
El eje económico y la tensión con las provincias
La iniciativa incluye modificaciones con impacto directo en la recaudación tributaria, particularmente en la reducción de ciertos tramos del impuesto a las Ganancias para sociedades. Esta medida podría afectar los fondos coparticipables, un punto que genera inquietud entre los gobernadores.
Según trascendió, varias provincias estarían dispuestas a acompañar la reforma, aunque reclaman compensaciones. En ese marco, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, solicitó al ministro Santilli que evalúe la posibilidad de que el Estado nacional absorba durante 2026 la merma en la coparticipación, con el compromiso de retomar las obligaciones en 2027.
Caputo participó durante la primera parte del encuentro, centrado en estos aspectos fiscales, y fue el primero en retirarse. El resto de los funcionarios continuó analizando la agenda y otras medidas que no fueron difundidas públicamente, en línea con el carácter reservado que tiene la mesa política.
Diferencias internas y estrategia en debate
Uno de los participantes calificó la reunión como “muy amena” y confirmó que la reforma laboral concentró gran parte del debate. Sin embargo, dentro del oficialismo no hay aún una postura unificada sobre cómo encarar las negociaciones con las provincias.
Mientras algunos sectores consideran que la Casa Rosada tiene margen para hacer concesiones, otros promueven una posición más firme. “Lo que las provincias pierdan por recaudación lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, afirmó un integrante clave del Gobierno.
En la misma línea, Santilli sostuvo luego de reunirse con Cornejo que el impacto sería acotado: “Es verdad que hay un 0,15% que afectaría a las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos, pero cada 400.000 trabajadores formalizados se recupera ese 0,15%”.
No obstante, otra fuente oficial llamó a la cautela y aseguró que aún es “muy apresurado” fijar definiciones contundentes sobre la estrategia frente a los gobernadores.
El argumento central del oficialismo
Desde el Gobierno justifican el impulso a la reforma laboral por los altos niveles de informalidad, que alcanzaron el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según datos oficiales. El sector más afectado es el de los jóvenes de hasta 29 años, donde casi seis de cada diez trabajadores no cuentan con empleo registrado.
Además, en la Casa Rosada consideran que la aprobación de la denominada Modernización Laboral será una señal clave para los mercados, al demostrar que la Argentina avanza hacia reformas estructurales orientadas a dinamizar la actividad económica y fomentar el empleo formal.
