La Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausuró este lunes el natatorio del Instituto Nacional de Deportes (IND), ubicado en calle Congreso 669, en el barrio Sur de la capital. Se trata del mismo establecimiento donde, en noviembre de 2025, murió Gabriel Sebastián Palavecino, un joven de 32 años con retraso madurativo que asistía a clases de natación.
La medida dejó al descubierto una irregularidad de extrema gravedad: el lugar funcionaba sin contar con la habilitación municipal correspondiente, a pesar de que desde la tragedia está bajo investigación judicial. La clausura se concretó casi dos meses después del hecho que conmocionó a la comunidad.
La causa judicial aportó datos contundentes sobre cómo ocurrió la muerte de Gabriel. La autopsia determinó que el joven falleció por asfixia por inmersión, mientras que las cámaras de seguridad del natatorio —incorporadas al expediente— muestran que permaneció sumergido aproximadamente cinco minutos sin recibir asistencia.
Durante ese tiempo, no hubo intervención del personal ni presencia de guardavidas en el sector. Recién cuando fue retirado del agua ya no presentaba signos vitales, lo que refuerza la hipótesis de una cadena de negligencias.
La familia del joven explicó que Gabriel había comenzado natación por recomendación médica y que contaba con un acompañante profesional. Sin embargo, denunciaron que el establecimiento nunca solicitó un apto físico ni evaluó si el alumno sabía nadar, a pesar de sus dificultades motrices.
La acusación de “abandono de persona”
El abogado de la querella, Marco Rossi, apuntó directamente contra los responsables del natatorio. “La muerte de Gabriel se podría haber evitado. No hubo asistencia, no hubo control y no hubo protocolos mínimos de seguridad”, sostuvo.
El letrado impulsa la figura de abandono de persona y remarcó que el establecimiento incumplía normas básicas exigidas por la Resolución 508/SPS/2020, que regula el funcionamiento de piletas en San Miguel de Tucumán. Esa normativa exige habilitación municipal, guardavidas permanente, personal capacitado, servicio de emergencia médica y condiciones de higiene y seguridad, requisitos que el IND no cumplía.
Reclamo de justicia y causa en curso
A fines de diciembre, familiares y amigos de Gabriel se manifestaron frente al natatorio con carteles que decían “Justicia por Gabriel” y “No fue un accidente”, reclamando el cierre del lugar y el avance de la causa.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios I. Hasta el momento no hay imputados formales, pero la familia Palavecino anticipó que avanzará con acciones penales y civiles contra todos los responsables del funcionamiento del establecimiento.
La clausura municipal marca un punto de inflexión en un caso que aún busca respuestas y responsabilidades por una muerte que, según la querella, pudo haberse evitado.
