Luego del reclamo de los gobernadores patagónicos, el Gobierno nacional analiza incluir en sesiones extraordinarias un proyecto de ley de Emergencia Ígnea por los incendios que afectan al sur del país. La Casa Rosada busca evitar tensionar el vínculo con los mandatarios, cuyo rol será clave en el debate por la reforma laboral.
Fuentes gubernamentales confirmaron que el Poder Ejecutivo trabaja en la redacción de un decreto, que se publicaría en las próximas horas en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para incluir en el temario parlamentario una iniciativa que permitiría acelerar el envío de asistencia a las zonas afectadas por el fuego.
En los últimos meses, las provincias patagónicas se vieron afectadas por múltiples focos de incendios. La Pampa registra más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Río Negro 10.000, Neuquén 6.000 y Santa Cruz 700. En total, hay más de 230.000 hectáreas de tierras y biomasa arrasadas, lo que representa un impacto ambiental y productivo con pocos antecedentes la región.
El reclamo de los gobernadores patagónicos por la ley de Emergencia Ígnea
En ese contexto, el oficialismo pretende atender un reclamo de los mandatarios patagónicos, que en una conferencia de prensa virtual realizada este martes exigieron al Congreso de la Nación que se incluya también una normativa que declare la emergencia en materia de incendios.
Durante el encuentro estuvieron presentes Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes anticiparon el envío al Palacio Legislativo de una iniciativa propia, impulsada por legisladores oriundos de las provincias afectadas.
«Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores», dijo Torres en un mensaje publicado tras el encuentro, en el que recordó que frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declararon la emergencia en octubre de 2025.
El gobernador de Chubut recalcó que la Patagonia «no es un territorio aislado» y afirmó que el fuego «no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones». Por ese motivo pidió «a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige».
Los proyectos que se discutirán en sesiones extraordinarias
El período extraordinario se llevará a cabo entre el 2 y el 27 de febrero. Durante ese lapso, el proyecto de modernización laboral que tratará el Senado concentrará todas las miradas. Sin embargo, recientemente se confirmó que se tratará la modificación del Régimen Penal Juvenil. También se discutirá el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Asimismo, el Gobierno estudia incluir un proyecto sobre el Consejo de Paz, la iniciativa global impulsada por Donald Trump.
En ese marco, el objetivo primordial de la Casa Rosada es lograr la media sanción de la reforma laboral, para lo cual necesitará del apoyo de los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, profundizó los contactos con las provincias en las últimas semanas para atender los reclamos y acercar posiciones. Pero nada está asegurado.
Por ese motivo, el oficialismo aspira a garantizarse el apoyo en un juego de toma y daca que podría incluir la ley de Emergencia Ígnea reclamada a viva voz por los mandatarios patagónicos, la cual permitiría agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.
De todas maneras, el apoyo de las provincias al proyecto laboral aún es incierto. En las gobernaciones cuestionan el artículo 191 que modifica el régimen del impuesto a las Ganancias, hecho que provocaría una caída en la coparticipación federal. Entre los cambios figura la baja en las tasas del impuesto a las sociedades: el tramo del 30% al 27% y el tramo del 35% al 31,5%. Se estima que provocaría un perjuicio a las arcas distritales superior a los $1.700.000 millones este año.
