El Gobierno de la Provincia de Tucumán, a través de la Fiscalía de Estado, en conjunto con la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección de Catastro, realizó un operativo para intimar el desalojo de ocupaciones irregulares detectadas en los márgenes del Río Salí, en el sector suroeste del puente Lucas Córdoba.
La intervención se enmarca en el plan de “tolerancia cero” a las usurpaciones de tierras fiscales, impulsado por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y la fiscal de Estado Gilda Pedicone. La medida responde a actuaciones administrativas que verificaron la existencia de construcciones ubicadas dentro de la línea de ribera y en zona de riesgo hídrico, lo que compromete la seguridad de personas y bienes y afecta el normal funcionamiento del sistema hidráulico provincial.
Así lo explicó el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, quien detalló que las edificaciones detectadas representan un riesgo ante posibles crecidas y generan un impacto sobre la infraestructura hídrica.
En el procedimiento participaron además el director de Catastro, Alejandro Navarro; los funcionarios Hugo Vitale (Fiscalía) y Juan Pablo Occhipinti (DPA), junto a efectivos de la Policía de la Provincia, con el objetivo de llevar adelante las correspondientes notificaciones a los ocupantes.
