El Gobierno de Tucumán dispuso la exoneración definitiva del docente Lucas Maximiliano Varela, luego de una investigación administrativa que determinó que incurrió en conductas incompatibles con el ejercicio de la función educativa, tras mantener comunicaciones privadas con alumnas fuera del marco pedagógico.
La sanción fue formalizada mediante el Decreto N° 3.770/5 (MEd), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 10 de diciembre de 2025 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, que dio por concluido el sumario administrativo iniciado en octubre de 2024 y aplicó la sanción máxima prevista por el Estatuto del Docente (Ley N° 3.470).
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el padre de una alumna de la Escuela Agrotécnica “Soldado Cajal”, ubicada en la localidad de Las Cejas, lo que motivó la separación preventiva del docente y su reubicación en tareas administrativas mientras se desarrollaba el proceso.
Qué determinó la investigación
Durante el sumario se incorporaron actas escolares, declaraciones testimoniales, informes del Servicio de Asistencia Social Escolar y del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario, además del descargo del propio docente y diversa documentación respaldatoria.
Tras analizar las pruebas, la Junta de Disciplina y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación concluyeron que Varela violó los deberes funcionales establecidos en el artículo 5° del Estatuto del Docente, que exige desempeñar la función con dignidad, responsabilidad y conducta moral acorde al rol educativo.
En ese sentido, el decreto reproduce una definición contundente del órgano instructor:
“Resulta inadmisible que un agente estatal en ejercicio de una función educativa mantenga comunicaciones privadas con estudiantes sin un propósito estrictamente pedagógico, por fuera del marco institucional previsto”.
El dictamen agregó que los mensajes generaron incomodidad y confusión en las alumnas, lo que incluso derivó en su retiro de las clases, y que esos hechos no fueron desmentidos con pruebas por parte del docente.
Inhabilitación para volver al sistema educativo
El Poder Ejecutivo fundamentó la sanción en la necesidad de resguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 8.293 y la Ley Nacional N° 26.061 de protección integral de derechos.
Además de la exoneración, el decreto ordenó comunicar la medida a las Juntas de Clasificación Docente, ya que la falta cometida inhabilita al agente para ingresar o reingresar al sistema educativo, ya sea como titular, interino o suplente.
La norma también dispuso la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia y fue refrendada por las autoridades del Ministerio de Educación, dando por cerrado un proceso administrativo que —según destaca el propio decreto— se desarrolló respetando el debido proceso y el derecho de defensa.
