La demanda que impulsa el Superior Gobierno de Tucumán contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), concesionaria del dique El Cadillal, registró durante diciembre avances clave en el plano judicial. El Estado provincial reclama una suma millonaria por las reparaciones realizadas en los últimos tres años en la presa lateral N° 3, obras que —según sostiene— debieron ser afrontadas por la empresa concesionaria.
El expediente transita actualmente la etapa probatoria en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y a cargo del juez Enrique Alonso Reguera. En ese marco, ambas partes presentaron informes técnicos, declaraciones testimoniales y documentación que serán determinantes para el dictado de la sentencia de fondo.
A través de la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, el Poder Ejecutivo provincial remitió al juzgado certificados de pago y reportes oficiales que acreditan los desembolsos efectuados por la Provincia. Esa documentación resulta central para sustentar el pedido de restitución de fondos por vía judicial.
Si bien la última ampliación de la demanda había fijado el reclamo en $11.687 millones, los informes elevados por la Tesorería General revelan que la inversión total superó los $15.300 millones. La mayor parte de ese monto corresponde a la UTE conformada por Merco Vial SA y Sabavisa SA, adjudicataria de la obra destinada a resolver las filtraciones en el sector comprometido del dique, que percibió $14.927 millones entre 2023 y 2025.
A esos gastos se suman los pagos realizados a Vardé y Asociados SA, firma contratada por la Dirección Provincial del Agua para tareas de inspección y asesoramiento técnico, que totalizan otros $391 millones en el mismo período. Desde la Casa de Gobierno aclararon que el monto definitivo a recuperar quedará sujeto a los certificados de avance de obra, razón por la cual la prueba producida en esta etapa es considerada estratégica.
Concluida la fase probatoria, se espera ahora el intercambio de impugnaciones y objeciones entre las partes. Luego de ese proceso, el magistrado quedará en condiciones de resolver si corresponde que la concesionaria del dique El Cadillal asuma el costo de las reparaciones ejecutadas por la Provincia.
El caso constituye uno de los reclamos judiciales de mayor envergadura económica que enfrenta actualmente el Estado tucumano contra un privado. Desde el inicio del proceso, HTSA rechazó hacerse cargo de los gastos y cuestionó tanto la urgencia como la necesidad de las obras. En contraposición, la Fiscalía de Estado sostiene que la Provincia debió intervenir ante el incumplimiento de la concesionaria en las tareas de mantenimiento, postura respaldada por informes técnicos oficiales y objeciones formales a los testimonios presentados por la empresa.
