El Gobierno Nacional trabaja desde hace meses en una reforma inédita del Ministerio de Seguridad Nacional que busca ampliar su poder de vigilancia y redefinir las jurisdicciones de varias fuerzas. El cambio más resonante será la creación de una Policía Migratoria, un cuerpo especializado que asumirá el control de los pasos fronterizos hoy en manos de la Dirección Nacional de Migraciones.
Los agentes dejarán de ser civiles para convertirse en oficiales entrenados, con la misión de controlar ingresos y egresos por pasos legales e ilegales. Según fuentes oficiales, las capacidades actuales resultan insuficientes ante casos de delincuentes con alertas internacionales que logran escapar antes de la intervención de las fuerzas de seguridad.
Cambios en la PSA y la PFA
El rediseño también implicará modificaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que dejará de enfocarse casi exclusivamente en incidentes aeroportuarios para adaptarse a un esquema más amplio de seguridad federal.
Además, se prevé fortalecer la Policía Federal Argentina (PFA) con la creación de un cuerpo de elite especializado en delitos complejos, inspirado en el funcionamiento del FBI estadounidense. El objetivo es que la PFA concentre sus recursos en investigaciones de alta complejidad, mientras que tareas como el patrullaje ferroviario pasarán a las policías provinciales.
Otro eje central de la reforma es la ampliación del rol estatal en ciberseguridad. El Ministerio de Seguridad Nacional asumiría responsabilidades que hoy recaen en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), especialmente en la prevención de ciberataques contra empresas y organismos públicos.
El plan también introduce modelos de coordinación tomados del MI5 británico para fortalecer la detección de amenazas internas, terrorismo, espionaje y emergencias.
Resistencia y antecedentes
Aunque se prevé resistencia de algunos organismos, especialmente en áreas de inteligencia, desde el Gobierno aseguran que la reforma busca ordenar información dispersa y modernizar los mecanismos de seguridad.
Patricia Bullrich, actual ministra y futura senadora, impulsó la iniciativa con el aval de Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. En gestiones anteriores, Bullrich ya había intentado aplicar parte de esta transformación, pero encontró oposición de Lisandro Catalán en Interior. Su sucesor, Diego Santilli, respaldó rápidamente el proyecto.
La ministra también buscó controlar el RENAPER, aunque finalmente devolvió su administración a Interior. Desde el Gobierno advierten que incluso los DNI actuales presentan problemas para tecnologías de identificación criminal debido a alteraciones en el color de las fotografías.
