El Gobierno nacional confirmó que presentará una apelación contra el fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025, que había suspendido su implementación. El recurso será elevado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
La medida apunta a revertir la resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que dispuso la plena vigencia de la ley sancionada por el Congreso. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el fallo avanza sobre facultades propias del Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración del gasto público y la elaboración del presupuesto.
La gestión libertaria insiste en que la norma fue aprobada sin establecer las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Según el Gobierno, esa omisión vuelve inviable su aplicación en los términos ordenados por la Justicia y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico oficial.
La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Si bien fue promulgada, el Ejecutivo resolvió posteriormente suspenderla mediante el Decreto 681/2025, con el argumento de que el Congreso no definió cómo financiar las medidas previstas.
La suspensión generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que advirtieron sobre el impacto directo en tratamientos, servicios e instituciones. En ese contexto, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, que derivó en la sentencia ahora apelada.
En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias, y recordó los compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales.
Lo que deberá definir la Cámara
En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias, y recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales.
Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si convalida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes.
