El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, descartó la posibilidad de reimprimir las boletas electorales en la Provincia de Buenos Aires, al considerar que hacerlo sería “imposible” en términos técnicos y pondría en riesgo la realización de las elecciones del 26 de octubre.
La solicitud había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA), que buscaba retirar la imagen de José Luis Espert de las Boletas Únicas de Papel (BUP), pero tanto la Junta Electoral Nacional como el fiscal coincidieron en que no existe margen temporal para cumplir con los plazos legales.
Argumentos técnicos y legales del dictamen
El dictamen de González se basó en informes del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, que detallaron que las boletas ya fueron verificadas, numeradas, encuadernadas y embaladas.
“El 11 de octubre fue la fecha límite para enviar los archivos a imprenta. Ordenar una nueva impresión sería inoficioso e ineficaz”, sostuvo el fiscal, enfatizando que la ley no permite retrotraer etapas superadas del cronograma electoral.
Además, el funcionario citó antecedentes donde la Cámara Nacional Electoral reconoció la imposibilidad material de reeditar boletas en otros distritos, priorizando la realización de los comicios. Entre ellos mencionó el caso de Santiago del Estero, donde se usaron boletas ya impresas tras una decisión de la Corte Suprema.
La decisión queda en manos de la Cámara Nacional Electoral
Tras el dictamen de González, la Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, devolvió la apelación de LLA a la Junta Electoral bonaerense. El tribunal consideró necesario escuchar la opinión de todas las fuerzas políticas involucradas para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.
La CNE deberá resolver si mantiene la decisión de la Junta o si da lugar a la presentación de La Libertad Avanza, que insiste en que las boletas deben reflejar fielmente la lista de candidatos oficializada, encabezada ahora por Diego Santilli tras la renuncia de Espert.
Una controversia política y económica
La Junta Electoral justificó su negativa señalando que la reimpresión de boletas electorales implicaría un gasto superior a 12.100 millones de pesos, no previsto en el presupuesto, y sería “jurídicamente improcedente”.
Además, advirtió que alterar los plazos del proceso representaría “un riesgo institucional” al vulnerar las normas del Código Electoral Nacional.
Por su parte, los apoderados de LLA argumentan que garantizar el voto informado y libre es obligación de la Justicia Electoral. Sin embargo, el fiscal González fue contundente: “Resulta imposible cumplir con el procedimiento legal sin poner en riesgo la emisión del voto ciudadano”.
