Este lunes 29 de septiembre se desarrolló una audiencia por pedido de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, con motivo de formular cargos y requerir medidas de coerción en contra de un joven de 25 años, dueño de una concesionaria de autos ubicada en calle Lucas Córdoba al 1.000, en San Miguel de Tucumán. En esta ocasión, en representación del MPF participó la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma.
Según la acusación, el imputado, a través de publicaciones de Facebook e Instagram de la concesionaria Digital Cars, por medio de las cuales prometía vender vehículos en un plazo máximo de 20 días, con un local de grandes dimensiones, cartelería, un amplio salón de ventas y rodados en exhibición, bajo apariencia profesional, generó la confianza de la víctima.
Ante ello, esta última, el pasado 25 de junio suscribió un contrato de consignación con el acusado, por medio del cual garantizaba que en un plazo máximo de 20 días realizaría la venta de la camioneta Renault Oroch, percibiendo la víctima $ 18.000.000, quedando para el acusado la diferencia entre ese precio y el de venta final. El imputado tenía pleno conocimiento de que esto no sería cumplido y era sólo para poder quedarse con la mayor parte de la venta.
En esa fecha, a las 16:45 horas, por la confianza generada y ante el pedido del sospechoso, la víctima dejó su vehículo en la concesionaria, luego firmó un formulario 08 y certificó la firma ante escribano. El 26 de junio, el acusado le vendió la camioneta a una mujer, recibiendo $ 18.000.000 y le entregó a la víctima, recién el 7 de julio, sólo $ 2.000.000 argumentando falsamente que el resto aún no había sido acreditado y ocultándole la transferencia de titularidad. La víctima le reclamó por diferentes medios, pero el imputado en reiteradas oportunidades le dio falsos argumentos, generándole un perjuicio en su patrimonio de aproximadamente $ 16.000.000.
Brito calificó la conducta penal como presunto autor del delito de estafa y acto seguido solicitó que se ordenen medidas cautelares de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de tres meses, a los fines de resguardar el correcto avance de la investigación. La jueza resolvió aceptar todo lo demandado por el Ministerio Fiscal.
