La villa turística de El Cadillal volvió a quedar en el centro de la escena pública tras un nuevo caso policial, reavivando un debate que lleva años: la acumulación de irregularidades dominiales, hechos de violencia, crímenes resonantes y causas vinculadas al narcotráfico que marcaron a la localidad ubicada a unos 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán.
Desde la Provincia reconocieron en reiteradas oportunidades la existencia de una verdadera “ensalada dominial”, producto de loteos ilegales, usurpaciones y construcciones en tierras fiscales. Para muchos vecinos, este contexto explica por qué El Cadillal aparece una y otra vez asociado a hechos graves.
“Cuando está todo mal, ¿por qué no deberían ocurrir cosas malas? Lo ilógico sería que no pasara nada”, sostuvo José Ignacio Fuentes, residente de la zona. En la misma línea, Fernando Sosa, pescador habitual del lugar desde hace más de 30 años, aseguró: “Esto no es nuevo. Durante años se cometieron irregularidades. Ahora que el Gobierno empezó a poner orden, empiezan a salir a la luz muchas situaciones”.
Crímenes que marcaron a la localidad
El asesinato de Érika Antonella Álvarez volvió a colocar a El Cadillal bajo la lupa judicial. Si bien la joven no fue asesinada en el lugar, la localidad aparece mencionada en la investigación por haber sido uno de los puntos donde se realizaban reuniones vinculadas a un narco brasileño conocido como “Carlo”. El crimen estaría atravesado por el consumo problemático de drogas y conexiones con el narcomenudeo.
Pero no se trata de un caso aislado. El Cadillal fue mencionado en dos de las investigaciones criminales más impactantes de los últimos 20 años en Tucumán. En la causa por la desaparición y posterior asesinato de Paulina Lebbos, una de las hipótesis llevó a los investigadores hasta el camping 26 de Agosto, un loteo ilegal ya existente en 2006. Según esa línea, la joven habría muerto en una fiesta en la vivienda de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado del entonces gobernador José Alperovich. Aunque no se hallaron pruebas, la casa fue demolida y en el lugar se desarrolló el barrio Villa de El Lago, construido sobre tierras fiscales.
En ese emprendimiento inmobiliario, que cuenta con unas 100 viviendas, fue administrador Luis “Niño” Gómez, ex integrante del Comando Atila y condenado por el crimen del cacique Javier Chocobar, ocurrido en 2009.
El Cadillal también fue escenario de la búsqueda del cuerpo de Ángela Beatriz Argañaraz, la docente asesinada en 2006. Las ex novicias Nélida Acosta y Marcos (antes Susana) Fernández, condenadas por el crimen, tenían una propiedad en la zona, lo que motivó rastrillajes que nunca lograron dar con los restos de la víctima.
Muertes, disputas y sospechas
En julio de 2018, Martín Jiménez y su hijo Facundo murieron ahogados en el dique. La investigación concluyó que se trató de un accidente provocado por una imprudencia, aunque los familiares sostuvieron que ambos eran expertos navegantes. Trascendió que podrían haber estado involucrados en una disputa por tierras, aunque esa hipótesis nunca fue confirmada.
Padre e hijo eran familiares de Aída Correa, asesinada en 2012 en la villa turística. Si bien hubo condenas a prisión perpetua, el móvil del femicidio nunca fue esclarecido del todo.
Narcotráfico y negocios ilegales
El Cadillal también aparece reiteradamente vinculado a investigaciones por narcotráfico. En 2016 se desbarató una organización que fraccionaba cocaína para enviarla a Santiago del Estero, y en los últimos años se detectaron varias plantaciones de marihuana en la zona.
Durante el juicio contra Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale, se reveló que uno de los bienes más lujosos del clan estaba ubicado en El Cadillal, presuntamente construido de manera irregular. En ese contexto, fue mencionado el ex comisionado comunal Carlos Bonanno.
Otro caso resonante fue el secuestro de Margarita Toro, señalada como jefa narco de Villa 9 de Julio, quien fue llevada a una vivienda en un loteo ilegal de El Cadillal. Entre los condenados figuró Cristian Venturelli, familiar de un ex comisionado comunal también vinculado a causas por ventas ilegales de tierras fiscales.
En 2019, Luis “El Gordo” Vaca Vega fue condenado por integrar una banda narco. En los allanamientos se comprobó que poseía al menos 13 propiedades, una de ellas en una zona protegida de El Cadillal, con varias viviendas, un chalet y una piscina de grandes dimensiones.
Un territorio bajo la lupa
Con un pasado marcado por la informalidad, la violencia y los negocios ilegales, El Cadillal vuelve a ser foco de atención judicial y política. Mientras el Estado avanza en el ordenamiento territorial, vecinos y autoridades coinciden en que el desafío será desarmar una trama compleja que se construyó durante décadas y que aún hoy sigue generando consecuencias.
