Mientras durante 2022 y 2023 faltaban dólares para garantizar insumos médicos en hospitales o importaciones clave para la industria, un negocio financiero crecía de manera silenciosa pero explosiva: la compra de divisas al valor oficial para su posterior venta en el mercado paralelo, aprovechando la brecha cambiaria. Esa maniobra, conocida como “rulo”, es ahora el eje de una investigación que involucra al Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El Banco Central abrió cuatro sumarios administrativos en los que se investigan presuntas operaciones por un total de US$1.191 millones. Según las sospechas oficiales, las divisas se habrían adquirido al tipo de cambio oficial —fuertemente atrasado por el cepo— para luego ser canalizadas al mercado informal, generando ganancias extraordinarias a partir de la diferencia de precios.
La operatoria bajo la lupa habría involucrado transferencias entre bancos, casas y agencias de cambio, y personas físicas que figuran como monotributistas o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Estas personas habrían recibido préstamos de hasta US$300.000, que luego fueron retirados en efectivo, lo que dificultó la trazabilidad del dinero.
La UIF también intervino en el caso y remitió un informe a la Justicia. En la presentación realizada por la Procelac ante el juzgado de la jueza María Servini, se advirtió que, por la forma en que se canalizaron las sumas investigadas, “se pondrían en crisis su origen y licitud”.
Según uno de los sumarios del BCRA, existían “múltiples y coincidentes indicios” que pusieron en duda la genuinidad de las operaciones. Para la autoridad monetaria, se habría montado un mecanismo que aparentaba ser regular, pero cuyo objetivo final era abastecer al mercado paralelo con dólares obtenidos a valor oficial.
La investigación reconstruye una compleja ingeniería financiera que necesitaba tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio como intermediarias y personas que demandaran las divisas. En este último grupo aparecen presuntos prestanombres. Uno de los casos mencionados en los expedientes es el de un hombre de 31 años, beneficiario de la AUH en 2019, que en 2023 habría recibido un préstamo de US$150.000 de la casa de cambio Concordia Inversiones.
Los sumarios del Central alcanzan a las agencias de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones. En conjunto, se investigan ventas por cientos de millones de dólares en distintos períodos entre 2022 y 2023. En todos los casos, las firmas rechazaron las acusaciones y cuestionaron la validez de los planteos del BCRA.
De acuerdo con los documentos oficiales, los bancos actuaron como proveedores de los dólares físicos, ya sea a través del propio Banco Central o mediante importaciones. Sin embargo, los sumarios no formulan acusaciones contra entidades bancarias, sino que apuntan directamente a las agencias de cambio.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la pérdida de trazabilidad de los dólares. El BCRA advirtió que en algunos casos más del 90% de las divisas se entregaron en efectivo, lo que impidió seguir el recorrido del dinero y reforzó la sospecha de su destino al mercado informal.
La tercera fase de la investigación se concentra en el destino final de los dólares. En el caso de Concordia Inversiones, el Central detectó transferencias por US$9,8 millones a 53 personas físicas mediante contratos de mutuos, una operatoria que no está permitida para casas de cambio. Según el sumario, los fondos eran retirados en efectivo de forma inmediata.
El BCRA estimó que, solo en ese tramo de la operatoria, el rédito obtenido habría superado los US$8,2 millones, en un contexto donde la brecha cambiaria alcanzaba el 84,3%. Si bien esa cifra representa una porción menor del total investigado, los expedientes describen un esquema de alcance mucho mayor.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso vuelve a poner en el centro del debate los efectos del cepo cambiario, la brecha entre cotizaciones y los controles sobre el mercado de cambios, en un período marcado por la escasez de dólares y fuertes tensiones económicas.
