El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones.
De acuerdo a fuentes al tanto de las investigaciones, el sumario se centra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos como FIFA y Conmebol. El eje de la maniobra observada reside en el cambio de concepto con el que la AFA declaró estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación, siempre según las mismas fuentes, permitió esquivar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al hacerlos figurar como donaciones y no como pagos por servicios.
Esta estrategia aparece en los ingresos de fondos provenientes de Adidas por sponsoreo, así como en contratos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC. El contrato entre AFA y Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030 por un total de EUR 260 millones, es uno de los ejes del sumario. El monto bajo análisis suma casi EUR 95 millones que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020.
Las fuentes señalan que durante los primeros años del vínculo con Adidas (2018-2019), la AFA liquidó correctamente los fondos. A partir del endurecimiento del cepo cambiario, la entidad modificó el rubro de ingreso y así evitó la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Las empresas, asumen, siguieron haciendo sus pagos normalmente mientras que la AFA fue la que cambió el concepto de los ingresos para evitar liquidar las divisas en el MULC.
En el caso de los fondos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los USD 45 millones. El expediente también incluye a Argentina Football Distribution, con USD 78 millones. En estas transferencias, la AFA utilizó el mismo método: declaró los ingresos bajo el concepto de donación o transferencias corrientes y esquivó la liquidación obligatoria estipulada por la normativa cambiaria.
El sumario también incorpora los movimientos relacionados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, se detectaron transferencias por USD 498.000 pendientes de liquidación por código incorrecto y USD 6.268.000 pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de Conmebol, las sumas ascienden a USD 8.676.000 bajo la primera categoría y USD 5.942.000 bajo la segunda. Entre los conceptos figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y de futsal, entre otros.
El expediente discrimina entre “montos ingresados y no liquidados” y “montos directamente no ingresados al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”, lo que permite identificar el recorrido de los fondos y las modalidades de presunta infracción. Según fuentes al tanto de las investigaciones, la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial según la regulación vigente.
El sumario incluye como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente y a los tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado: Alejandro Nadur y Pablo Toviggino en estos cargos. El mecanismo, según los investigadores, permitió a la AFA mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.
El sumario es de carácter cambiario y, si avanza, puede derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes consultadas precisan que el Banco Central concedió varias prórrogas a la AFA para responder al sumario, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025.
