Cinco hombres murieron en las últimas horas durante dos ataques militares ejecutados por Estados Unidos contra embarcaciones que navegaban por el océano Pacífico, en el marco de la ofensiva antidrogas impulsada por Washington. Las víctimas fueron señaladas por el gobierno estadounidense como presuntos “narcoterroristas”, aunque la operación volvió a generar fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos a nivel internacional.
La información fue confirmada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que indicó que ambas lanchas estaban involucradas en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Según el parte oficial difundido a través de la red social X, las operaciones se realizaron sobre rutas marítimas consideradas estratégicas para el tráfico de estupefacientes. En el primer ataque murieron tres personas, mientras que en el segundo fallecieron otras dos.
Desde el organismo militar señalaron que la intervención se basó en tareas de inteligencia previas que habrían permitido identificar a los tripulantes como partícipes de maniobras ilegales. Sin embargo, no se difundieron pruebas públicas que respalden esas acusaciones, lo que volvió a encender la polémica en torno al alcance de estas acciones armadas.
Con este nuevo episodio, ya superan el centenar las muertes registradas como consecuencia de bombardeos y operativos militares de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe. Un relevamiento elaborado por la agencia AFP, a partir de datos oficiales, contabiliza al menos 104 fallecidos desde que se intensificó esta campaña regional contra el narcotráfico.
Las operaciones militares fueron duramente cuestionadas por organismos de derechos humanos, expertos en derecho internacional y por la propia Organización de las Naciones Unidas, que advirtieron sobre el uso de fuerza letal fuera de escenarios formales de conflicto armado. Las críticas también se trasladaron al plano interno estadounidense, donde legisladores del Partido Demócrata y algunos sectores republicanos pusieron en duda que el presidente Donald Trump cuente con atribuciones constitucionales para ordenar este tipo de ataques sin autorización del Congreso.
Pese a ese contexto, la Cámara de Representantes rechazó esta semana dos proyectos de ley que buscaban imponer límites y regulaciones a las operaciones militares antidrogas en aguas internacionales. Iniciativas similares tampoco prosperaron en el Senado, lo que dejó intacta la capacidad de acción del Poder Ejecutivo.
La escalada militar se produce además en paralelo a un endurecimiento de la política de Washington hacia Venezuela. El gobierno estadounidense acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una estructura de narcotráfico financiada con actividades ilegales. En ese marco, al menos ocho aviones militares estadounidenses sobrevolaron el mar Caribe frente a las costas venezolanas, según registros del sistema de monitoreo Flightradar24, con vuelos detectados cerca del archipiélago de Los Roques y de La Orchila, una isla con base militar.
Los sobrevuelos coincidieron con nuevas declaraciones de Trump, quien afirmó que no necesita aval del Congreso para ordenar ataques terrestres contra narcotraficantes en Venezuela y sostuvo que la evidencia de esas actividades está “probada”. En la misma línea, el mandatario ordenó bloquear todos los buques petroleros sancionados que se dirijan al país caribeño o partan desde allí, profundizando el cerco económico sobre el régimen chavista.
Actualmente, la mayoría de las embarcaciones permanece inmovilizada por las sanciones impuestas a la petrolera estatal PDVSA, con excepción de los buques vinculados a la empresa estadounidense Chevron, que operan bajo un permiso especial sin posibilidad de transferir fondos al gobierno venezolano.
Mientras tanto, la ofensiva militar en alta mar continúa sumando víctimas y profundiza un debate que atraviesa fronteras: hasta dónde puede llegar la guerra contra el narcotráfico sin vulnerar el derecho internacional ni los límites constitucionales.
