La reciente decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de limitar a seis meses los contratos de empleados públicos mayores de 65 años que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse encendió una fuerte preocupación entre los trabajadores alcanzados por la medida. La cartera que conduce Federico Sturzenegger estableció que, una vez vencido ese plazo, los contratados quedarán sin vínculo laboral con el Estado y deberán recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como única alternativa de ingresos.
Actualmente, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, lo que representa un haber mensual de $279.443, según informó la agencia Noticias Argentinas. Si bien el beneficio incluye cobertura médica a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni garantiza los derechos plenos de una jubilación contributiva, lo que genera inquietud entre quienes dependen exclusivamente de su salario estatal para subsistir.
La resolución oficial dispone además que, para poder renovar los contratos, los organismos públicos deberán presentar obligatoriamente la constancia de intimación a jubilarse en aquellos casos en los que los trabajadores acrediten más de 30 años de aportes al sistema previsional. Hacia fines de 2024, los empleados contratados —es decir, aquellos que no forman parte de la planta permanente— representaban el 12,7% del total del personal estatal, con alrededor de 58.000 trabajadores. Esa cifra ya comenzó a descender como consecuencia de la no renovación de contratos.
Sin embargo, una parte significativa de los empleados alcanzados por la normativa no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria. En esos casos, la medida los deja sin empleo y sin la posibilidad de completar los aportes faltantes, profundizando su vulnerabilidad económica. La situación resulta aún más crítica en áreas del Estado donde estos trabajadores son los únicos técnicos con experiencia específica o en dependencias que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo necesario.
El escenario previsional refuerza la complejidad del contexto: actualmente, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente en Argentina, lo que representa el 19% del total y un 60% más que hace una década. El dato refleja las dificultades estructurales para sostener ingresos suficientes tras el retiro del mercado laboral.
Cabe recordar que meses atrás, mediante la Resolución 3/2023, el Gobierno ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 empleados públicos que cumplían con las condiciones legales, de los cuales 6.800 pertenecían a la planta permanente, en el marco de una serie de cambios estructurales en el sistema previsional y de empleo estatal.
En paralelo, la dotación total de la Administración Pública Nacional (APN) cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, luego de una reducción interanual del 7,2%, impulsada por el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante el último año se recortaron 63.234 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 18,4% en la planta del Sector Público Nacional, a un ritmo promedio de casi 80 empleados menos por día.
La medida se inscribe en una política de ajuste y reordenamiento del Estado que continúa generando un intenso debate público, no solo por su impacto fiscal, sino también por sus consecuencias sociales, laborales y previsionales sobre un sector especialmente vulnerable de los trabajadores estatales.
