La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma clave que limita el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente Javier Milei. La iniciativa, impulsada por la oposición, establece que el Congreso deberá pronunciarse en un plazo de 90 días sobre cada decreto. Si no lo hace, el DNU perderá vigencia. Además, exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los decretos se mantengan activos.
El proyecto sufrió modificaciones durante el debate, por lo que deberá regresar al Senado para su revisión. La sesión estuvo marcada por una fuerte tensión política: sólo tres de los nueve diputados tucumanos garantizaron el quorum. Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (Unión por la Patria) y Roberto Sánchez (UCR) se sentaron en sus bancas. En cambio, los jaldistas Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina se ausentaron, alineándose de facto con los intereses de La Libertad Avanza.
También faltaron Paula Omodeo (CREO), Gerardo Huesen (LLA) y Mariano Campero (UCR aliado a LLA), quienes luego votaron en contra del proyecto. El giro del jaldismo sorprendió a la oposición, que contaba con su apoyo para sostener el quorum. La maniobra fue interpretada como un respaldo indirecto al Ejecutivo, justo cuando se intenta acotar su poder unilateral.
La reforma, de convertirse en ley, obligará al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda legislativa. En un contexto de minoría parlamentaria, el margen de acción presidencial se achica y el Congreso recupera protagonismo institucional.
